Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) han manifestado su intención de recurrir a la vía judicial si el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) no incluye en su agenda la discusión sobre la ampliación de plazas de formación en Medicina Familiar y Comunitaria. Este asunto ha sido omitido del orden del día de la reunión programada, aunque se ha contemplado un punto relacionado con la financiación.
El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, ha expresado su descontento ante los medios antes del inicio de la reunión del CISNS, señalando que resulta lamentable que no se aborde la cuestión de la Medicina Familiar y Comunitaria. Vázquez Ramos recordó que el pasado 6 de marzo, las comunidades autónomas del PP habían solicitado a la ministra de Sanidad, Mónica García, una convocatoria extraordinaria del CISNS para tratar específicamente este tema. Afirmó que esta omisión representa un incumplimiento del artículo 13 del reglamento del Consejo Interterritorial, el cual establece que las demandas de las comunidades no son optativas, sino imperativas.
Ante esta situación, el consejero anticipó que los ‘populares’ se verían obligados a defender sus derechos por medio de “todas aquellas medidas administrativas”, incluyendo potenciales acciones judiciales a nivel contencioso administrativo, para que se cumpla el reglamento del Pleno del Consejo Interterritorial.
En cuanto al Plan de Salud Mental que se discutirá en la reunión del CISNS, Vázquez Ramos aclaró que este ya había sido rechazado en el encuentro del pasado 14 de febrero, argumentando que carecía del respaldo de las sociedades científicas. Según su opinión, es fundamental obtener un consenso y un diálogo adecuado antes de implementar un plan de acción de esta magnitud, además de asegurar que exista una financiación adecuada para su desarrollo. Subrayó que la falta de presupuestos afecta la capacidad de las comunidades autónomas para atender necesidades esenciales como esta.
Respecto a la posible financiación del plan, que se estima en 39 millones de euros, el consejero la consideró insuficiente, dado que en su comunidad se gastan más de 400 millones en salud mental, y abogó por una revisión de dichas cifras.
Finalmente, Vázquez Ramos criticó el orden del día de la reunión del CISNS, al que describió como “abigarrado”, con 25 asuntos a tratar en un tiempo limitado. Afirmó que esta situación limita el diálogo y el consenso, y pidió que el consejo cumpla con su función de manera efectiva. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, también destacó la necesidad de abordar de manera monográfica el Plan de Recursos Humanos de Medicina Familiar, enfatizando la urgencia de resolver el déficit de profesionales en el sector.
