El Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara ha anunciado que presentará una propuesta en el Pleno de este viernes para abordar la problemática de las multas que están recibiendo los ayuntamientos de la provincia por falta de depuradoras de aguas residuales. Las sanciones económicas, generadas por incumplimientos de la normativa en materia de depuración, han sido impuestas por la Confederación Hidrográfica del Tajo a municipios como Retiendas, Tamajón y Auñón.
Román García, portavoz del PP, comunicó en rueda de prensa, que la iniciativa surgió por la inquietud trasladada por alcaldes y concejales afectados por las recientes multas. Según lo detallado en una nota de prensa del PP, la propuesta persigue instar a Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha a crear un plan ambicioso de inversiones que permita desarrollar las depuradoras necesarias en colaboración con los ayuntamientos.
Asimismo, el Grupo Popular solicitará que la Diputación lleve a cabo las gestiones pertinentes con la Confederación Hidrográfica del Tajo para conceder un plazo adecuado que permita la coordinación y ejecución de estas infraestructuras necesarias para cumplir con la normativa.
La situación no es nueva, y ya desde hace años los ayuntamientos de Guadalajara han recibido requerimientos relacionados con el incumplimiento de la normativa vigente, al no contar con las depuradoras ni la autorización administrativa de vertido exigida por la Ley de Aguas.
García apuntó que hay casos de municipios que, pese a tener propuestas de convenio firmadas con Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha para la construcción de las instalaciones depurativas, no han observado avances tangibles en la materialización de tales proyectos.
Las multas que se enfrentan los ayuntamientos alcanzan en su mayoría los 2.000 euros, en virtud de su responsabilidad sobre el tratamiento de las aguas residuales, y constituyen una infracción administrativa acorde al texto refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
El Grupo Popular cree necesario valorar soluciones adecuadas para los núcleos de población más pequeños y no industrializados, que son mayoría en Guadalajara, y recalca que la normativa aplicable es la Ley reguladora del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha, que atribuye a la Administración Regional las competencias en proyectos, ejecución y gestión de infraestructuras hidráulicas del territorio.
La moción, que se debatirá este viernes, subraya que corresponde a la Agencia del Agua y a Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, entidades de la Administración Regional, asumir las competencias sobre la depuración de las aguas residuales en la provincia de Guadalajara.
