El Partido Popular ha anunciado su intención de presentar mociones en los plenos de todos los ayuntamientos, diputaciones, consells, juntas generales y cabildos para exigir la retirada inmediata del nuevo registro de viajeros, al que han calificado como «Gran Hermano Turístico». Esta decisión se produce tras la entrada en vigor del Real Decreto 933/2021 el 2 de diciembre, que establece obligaciones de registro documental y de información sobre las personas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, y que contempla multas de hasta 30.000 euros para quienes no cumplan con la normativa.
El PP llevará la propuesta de derogación a los plenos durante diciembre y enero, a la vez que exige la elaboración de una nueva legislación consensuada con el sector que garantice la competitividad. En un comunicado, los populares han denunciado la «inseguridad jurídica» que genera esta normativa, así como la «desproporcionada carga administrativa» que impone y la vulneración del derecho a la intimidad de los turistas.
Los representantes del PP han criticado que el Gobierno aprobara el Real Decreto sin tener en cuenta las advertencias del sector turístico sobre los riesgos que conlleva, no solo para los viajeros, sino también para la reputación internacional de España. El partido subraya que esta legislación genera una «fuerte inseguridad jurídica» y dificulta la recolección de datos necesaria para cumplir con las nuevas obligaciones, lo que podría resultar en desventajas competitivas frente a otros países europeos.
Además, el sector ha denunciado que la infraestructura tecnológica necesaria para cumplir con el registro no está operativa. La normativa exige a las empresas del sector proporcionar datos a través de la plataforma Ses.Hospedajes, que incluye información sobre la empresa arrendadora, el establecimiento, la transacción y los viajeros, incluyendo el número de ellos y su relación de parentesco si alguno es menor de edad.
El PP considera que esta medida también infringe la normativa europea en materia de protección de datos al exigir una recolección y almacenamiento masivo de información, lo que atenta gravemente contra la intimidad y privacidad de los turistas. Asimismo, los ciudadanos españoles que realicen turismo en su propio país se verán igualmente afectados, ya que deberán proporcionar una cantidad de datos personales significativamente mayor a la actual al llegar a su alojamiento.
Los populares argumentan que la nueva normativa impone una carga administrativa excesiva, al exigir más de cuarenta datos a los usuarios, lo que triplica la cantidad de información requerida anteriormente. En el caso de las entidades que alquilan vehículos a motor, el número asciende a más de ochenta datos, lo que refuerza su crítica a la legislación y su demanda por una nueva regulación más adecuada al contexto actual.
