La presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca, Bea Jiménez, ha solicitado la dimisión del alcalde Darío Dolz o el «cese fulminante» del concejal responsable de movilidad, tras lo que ha calificado como un «despropósito» en la reestructuración de las líneas de autobuses. Este cambio, implementado el pasado 1 de septiembre, ha generado en apenas nueve días un «caos sin precedentes» en la ciudad, provocando descontento entre vecinos, colectivos y la oposición.
Jiménez ha subrayado que, en un comunicado enviado ayer a las 19.30 horas, los ciudadanos de Cuenca se enteraron de que, la próxima semana, el equipo de Gobierno volverá a modificar las líneas de autobuses. La presidenta del Grupo Popular ha enfatizado que un tema tan serio y con tantas repercusiones para la ciudad no puede resolverse con un simple aviso a la prensa. «El alcalde debería haber ofrecido una rueda de prensa urgente, ya que es el máximo responsable de este fracaso», ha afirmado.
Además, ha denunciado que el sistema de transporte urbano ha sido gestionado «a golpe de ocurrencias» desde la vencimiento del contrato de concesión en 2022. Jiménez ha lamentado el supuesto despilfarro de recursos públicos en intercambiadores y en la contratación de una empresa de consultoría, que no ha dado resultados palpables. «Si esto ocurriese en una empresa privada, el responsable ya estaría en la calle. Pero aquí ningún responsable asume las consecuencias y quienes sufren son los conquenses», ha declarado.
La diputada nacional ha insistido en que Cuenca «no merece un gobierno incompetente que actúa sin planificación» y ha añadido que el caos en las líneas de autobuses ha dañado la imagen de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad. Para abordar esta problemática, el Grupo Popular ha iniciado la recogida de firmas para reclamar un nuevo contrato de transporte urbano que resuelva los problemas estructurales del servicio.
Jiménez ha resaltado que los ciudadanos se sienten indignados y han mostrado su apoyo a esta causa, dado que no confían en un equipo de Gobierno que actúa de forma improvisada. «Este contrato prorrogado nunca debió existir y ha acarreado incluso la pérdida de 1,4 millones de euros en subvenciones del Ministerio», ha denunciado, señalando que una situación de este tipo no tiene precedentes en el país.
Por último, ha sostenido que «el último responsable de este desastre es el alcalde», y si no reconoce sus errores, deberá renunciar. «Los conquenses no deben sufrir las consecuencias de un gobierno socialista que se maneja solo con improvisaciones y ocurrencias», concluyó Jiménez.
