La sesión plenaria de las Cortes de Castilla-La Mancha se ha convertido en escenario de un encendido debate en relación al servicio de comidas a domicilio que se ofrece en los municipios de la región. El Grupo Parlamentario Popular ha lanzado una crítica al Gobierno regional, acusándolo de «abandonar» el mencionado servicio al suspender la financiación para el año 2024.
En respuesta, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha evocado el acuerdo firmado en 2021 el cual, según su artículo 7.2, estipulaba que las entidades beneficiarias deberían asegurar la continuidad del servicio de comidas a domicilio hasta el 31 de diciembre de 2025 con sus propios fondos.
El diputado del Partido Popular, José Martín-Buro, ha insistido en que la decisión de la Junta ha dejado desamparadas a aproximadamente 3.500 familias que dependen de este recurso. Martín-Buro afirmó que la prestación del servicio se volverá posible «gracias a las diputaciones provinciales», y señaló específicamente que la Diputación de Ciudad Real ha asumido la totalidad de los costos del programa para el ejercicio 2024.
Martín-Buro sugirió que la retirada de recursos estatales podría estar motivada por una cuestión política, dando a entender que afectaba particularmente a las administraciones locales gobernadas por el Partido Popular. Refirió que en los ejercicios 2022 y 2023 la financiación corrió a cargo de la administración regional, con una inversión de 1,7 millones de euros para cada provincia.
La consejera García Torijano evocó que la finalidad del programa al ser instaurado fue avanzar hacia la autonomía de las diputaciones en cuanto a su gestión y afirmó que el mismo pudo implementarse inicialmente con una inversión de 8,6 millones de euros de fondos europeos. Además, recalcó que el PP votó en contra del decreto que regulaba dicha financiación.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Vox, con la voz de su parlamentario Luis Blázquez, puso de manifiesto la importancia del servicio y propuso que la Junta de Castilla-La Mancha continúe con la aportación de los fondos necesarios para su mantenimiento, incluso sugirió dirigir una solicitud adicional de apoyo al Gobierno de España.
El Grupo Parlamentario Socialista, con Pablo Camacho a la cabeza, defendió la postura de la consejera de Bienestar Social, enfatizando que las cinco diputaciones provinciales conocían los términos relativos a la financiación cuando decidieron unirse al programa, y arguyó que el Partido Popular simplemente busca generar controversia y tensión sin base real.
Al concluir el debate, se propusieron y votaron tres resoluciones, siendo la del Grupo Parlamentario Socialista la aprobada. Esta insta a las cinco diputaciones provinciales a proseguir con el servicio culinario a domicilio hasta el final de 2025, diligencia que está fijada en el Decreto 130/2021 de 28 de diciembre. La propuesta de resolución de Vox y la del Partido Popular fueron ambas rechazadas.
