El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara, Román García, ha lanzado graves acusaciones contra el gobierno provincial por lo que él considera una «dejación de funciones». Según ha denunciado García este miércoles, la administración corrió el peligro de interrumpir el servicio de tratamiento de residuos en toda la provincia, encontrándose al borde de una «situación de especial gravedad», tal como lo ha descrito la propia UTE responsable del servicio.
Román García ha destacado que el contrato vigente con la UTE RSU Guadalajara expira el 13 de julio y el gobierno provincial no había iniciado ningún proceso para la nueva licitación, requisito esencial para la continuidad del servicio. Estas declaraciones provienen de un comunicado de prensa emitido por el Partido Popular (PP), en el que se transmiten serias inquietudes sobre la gestión actual.
Hace un mes, la UTE RSU Guadalajara ya había expresado su inquietud por escrito ante la morosidad de la Diputación a la hora de abordar la culminación del contrato vigente y la transición al nuevo. La propia empresa aludió a la posibilidad de que, económicamente, se haga inviable
continuar prestando el servicio una vez que el contrato en vigencia llegue a su fin. También se instó a la administración provincial a tomar rápidas medidas para mitigar una situación que puede extenderse por varios meses, debido a que no era posible seguir ofreciendo servicios sin antes resolver los contratiempos económicos que tal escenario ocasionaría.
El portavoz del PP ha calificado de «muy grave» la falta de acción por parte del equipo del presidente Vega, y del diputado encargado del Servicio de Residuos, Francisco Pérez Torrecilla. García ha criticado que Pérez Torrecilla no haya logrado justificar la proximidad del fin de un contrato crucial sin haber asegurado su renovación adecuada, lo que ha forzado una prórroga de emergencia en condiciones críticas, donde la compañía adjudicataria ya no podía garantizar la prestación del servicio.
Además, García ha arremetido contra la gestión de la Diputación por haber subido las tasas del servicio de tratamiento de residuos a los ayuntamientos durante los últimos meses, sin haber previsto la caducidad de un contrato que ya se había prorrogado en junio de 2019. La crítica se intensifica al conocerse que dichas tasas se han visto aumentadas hasta un 80% de media, lo que para una localidad mayor de 20,000 habitantes como la capital de Guadalajara, significa un incremento de 126%, pasando de 26 euros a 58,46 euros por tonelada de residuos tratados.
El portavoz no solo ha pedido explicaciones, sino que también ha cuestionado si se efectuará una campaña por parte del Partido Socialista para informar a los ciudadanos de este relevante incremento en los costes de servicio, subrayando el impacto financiero que tendrá en la población.
