El Partido Popular (PP) de Castilla-La Mancha está considerando la posibilidad de llevar a cabo acciones legales contra el Gobierno regional debido al cobro del canon obligatorio establecido por la Directiva Marco del Agua (DMA). Según el PP, este canon no generará mejoras en las infraestructuras, el saneamiento ni la depuración de aguas, lo que ha llevado a la formación política a calificar esta medida como «pagar por nada».
En una rueda de prensa celebrada este lunes, el presidente provincial del PP en Toledo, Carlos Velázquez, compartió detalles sobre el impacto que este cobro tendrá en la ciudad de Toledo, donde se estima que afectará al «80 por ciento de los vecinos». Velázquez destacó que la repercusión económica para los toledanos sería notable, con un incremento medio anual de «24 euros en su factura».
El líder del PP en Toledo mostró una simulación de una factura típica, que arroja un total de 38,96 euros para una familia con un consumo medio de 18 metros cúbicos de agua, lo que equivale a 18.000 litros. A su juicio, la recaudación estimada de este impuesto, que asciende a 2 millones de euros en la capital regional, debería reinvertirse en la mejora de las infraestructuras y servicios públicos de la ciudad. Velázquez hizo un llamado a la Junta para que esta recaudación se utilice en beneficio de Toledo, en lugar de ser percibida como una carga adicional para los ciudadanos.
