El PSOE de Castilla-La Mancha ha logrado en las Cortes la aprobación de una propuesta que exige la creación de un nuevo borrador del Real Decreto para modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, conforme a lo dictado por una reciente sentencia del Tribunal Supremo. Esta iniciativa ha recibido el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, resultando en una votación donde los socialistas, con 17 votos a favor, se hicieron con el respaldo de los diez parlamentarios del PP. Mientras tanto, los tres diputados de Vox se manifestaron en contra de la propuesta.
La iniciativa fue presentada por el diputado Francisco José Barato, quien argumentó la necesidad de eliminar la prórroga referida a los caudales ecológicos, instando a que se establezcan de manera inmediata y que se tomen en cuenta las necesidades de la cuenca cedente. Barato enfatizó que este enfoque coincide con los principios del Pacto Regional por el Agua, firmado por el PSOE y el PP en Castilla-La Mancha.
El diputado socialista subrayó que la propuesta busca poner fin a “los privilegios que limitan a Castilla-La Mancha” y lamentó que en el Congreso pasado, PP y Vox hubiesen votado en contra de una proposición de ley de la Asamblea de Murcia que buscaba garantizar el trasvase. Según él, el PP promueve un doble discurso, defendiendo los derechos del agua en Castilla-La Mancha, mientras actúa en oposición en el ámbito nacional.
Por parte de Vox, su diputado Iván Sánchez criticó la propuesta del PSOE, considerándola una «excusa» que evita la gestión del agua en el país. Afirmó que la solución real sería implementar un plan nacional del agua que no se base en intereses regionales, sugiriendo que ambos, PP y PSOE, son responsables de la situación actual del agua en la región.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carolina Agudo, también se refirió a la situación, resaltando que tras la firma del pacto regional por el agua, el balance ha sido negativo. Agudo propuso un plan nacional consensuado que priorice las necesidades de Castilla-La Mancha y criticó la gestión del Gobierno del PSOE, argumentando que ha fallado en resolver problemas hídricos fundamentales en la región.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, afirmó que el Gobierno de García-Page no busca anular el trasvase, pero sí rechaza que el agua se utilice para «desperdiciarla». Reiteró su posición de no apoyar un plan nacional del agua que perjudique los recursos hídricos de Castilla-La Mancha y abogó por una planificación que contemple las necesidades de las cuencas de la región.
