La diputada autonómica y secretaria general del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha lanzado críticas hacia el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, acusándolo de incumplir múltiples promesas en materia hídrica. Según Merino, García-Page ha demostrado ser un presidente «de secano», al poseer lo que ella considera una «carencia de responsabilidad hídrica» en la región.
Las declaraciones de la diputada surgieron luego de que el presidente Emiliano García-Page reclamase un trato equiparable al de la Comunidad Valenciana en la gestión de recursos hídricos, exigiendo solidaridad hídrica pero enfocada al consumo humano y excluyendo el uso agrícola salvo si proviene de plantas desalinizadoras estatales.
Merino ha argumentado que fue el PSOE el que «se cargó» el Plan Hidrológico Nacional, respaldado unánimemente por todas las regiones y usuarios del agua, criticando que después de este hecho no se ha presentado una alternativa clara. Asimismo, se hace referencia a la falta de conocimiento sobre las propuestas del gobierno regional para enfrentar los graves problemas de agua que afectan a Castilla-La Mancha.
La situación hídrica crítica que afrontan los municipios de la Comunidad Autónoma, agravada por las sequías y la falta de inversiones, se suma a las preocupaciones por el uso agrario del agua, según Merino. Ella enfatizó en la responsabilidad que debería asumir García-Page en este ámbito, especialmente tras haber prometido acciones durante sus 9 años de gobierno que, en su opinión, no han sido llevadas a cabo.
La diputada hizo hincapié en la falta de cumplimiento de García-Page respecto al pacto regional por el agua, firmado por 50 entidades hídricas, afirmando que «Page no ha cumplido ni uno de los puntos». Recordó también las promesas relacionadas con la regularización de 1.600 pozos para explotaciones prioritarias, proceso en el que supuestamente no se ha avanzado en los últimos 9 años.
Para finalizar, Merino ha puesto en entredicho la ausencia de soluciones a problemas acuciantes como las Tablas de Daimiel y se ha preguntado sobre el destino de los 250 millones de euros que se prometieron a los regantes del Guadiana. Dichas inquietudes se agregan al contexto de reclamaciones políticas en la región, donde se ha intensificado el debate sobre la gestión y la distribución de los recursos hídricos.
