Las comunidades del Partido Popular (PP) que forman parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) han decidido emprender acciones legales debido al «caso omiso» que ha mostrado la ministra de Sanidad, Mónica García, ante su solicitud de aumentar el número de plazas en Medicina Familiar y Comunitaria.
Al finalizar una reunión con la ministra, el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, declaró a los medios que la postura de García les llevará a adoptar «otra serie de medidas de tipo administrativo, de tipo legal». Vázquez destacó la urgencia de abordar este asunto, que considera no puede esperar más, ya que la falta de médicos en la atención primaria es un problema significativo en el país. Según sus palabras, se estima que en todas las comunidades autónomas hacen falta entre 5.000 y 6.000 médicos en este ámbito.
En relación con el plan de salud mental, Vázquez mencionó que el PP ha apoyado la iniciativa, ya que cuenta con el respaldo de las sociedades científicas. Sin embargo, todos los consejeros del PP han expresado la misma preocupación: la carencia de profesionales, como psiquiatras y psicólogos clínicos, podría comprometer la implementación efectiva de este ambicioso plan. Además, el consejero reveló que la comisionada de salud mental también ha compartido su sorpresa ante la dificultad de llevar a cabo el plan por las mismas razones.
Asimismo, mencionó que la financiación del plan de salud mental, que asciende a 39 millones de euros, es insuficiente, ya que al dividir esta suma entre la población española resultan apenas 80 céntimos por persona. Vázquez criticó esta situación, sugiriendo que podría tratarse de un «brindis al sol» o un intento de «cubrir un expediente» en lugar de abordar de manera efectiva los graves problemas del sistema de salud.
