El Pleno de la Diputación de Ciudad Real, en una reunión extraordinaria celebrada esta mañana, ha tomado una postura firme en favor de la Constitución Española de 1978 y en defensa del Estado de Derecho. Durante la sesión, la institución ha expresado su oposición categórica a la aprobación de una Ley de Amnistía, señalando que tal medida «rompe la igualdad de todos los españoles ante la ley».
El debate generado en torno a la propuesta presentada se saldó con la aprobación de esta, gracias a los votos favorables del Equipo de Gobierno de coalición, mientras que los diputados del grupo socialista se posicionaron en contra. La declaración institucional resultante refleja también «un firme rechazo» a cualquier concesión de privilegios económicos o fiscales específicos a alguna comunidad autónoma, argumentando que dichas concesiones quebrantan la igualdad y solidaridad entre todas las regiones de España.
Asimismo, la Diputación ha mostrado su apoyo al poder judicial, rechazando cualquier acción que pretenda debilitar su independencia. De igual manera, se ha pronunciado contraria a la idea de celebrar un referéndum de autodeterminación en cualquier parte del país.
La declaración incorporaba una crítica al pacto alcanzado entre el Partido Socialista y Junts Per Catalunya el pasado 9 de noviembre, describiéndolo como un ataque contra la Constitución y el Estado de Derecho fundado en España. Según la Diputación, dicho pacto incluye una Ley de Amnistía que legalizaría hechos sancionados por el Código Penal en relación con las consultas ilegales de 2014 y el referéndum ilegal de 2017 en Cataluña, lo que sería un claro atentado contra el principio de separación de poderes, pilar esencial de la democracia y del Estado de Derecho.
El documento critica también que el acuerdo abriría la puerta a un referéndum de autodeterminación desafiando las decisiones del Tribunal Constitucional y promovería negociaciones entre España y Cataluña al margen del marco constitucional y legal. La cesión del 100% de los tributos recaudados en Cataluña al gobierno catalán figuraba entre los privilegios censurados, al considerarse que fomentaría el debilitamiento del Estado y afectaría la solidaridad interterritorial.
Este tema ha alertado al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, quien ha mencionado la complejidad del momento histórico que vive España y ha expresado su preocupación por las potenciales desigualdades y su impacto en la provincia y sus habitantes, proyectando una sombra sobre el futuro compartido de España y su reputación internacional.
La posición de la Diputación con esta declaración pone en relieve el debate existente en el plano nacional sobre la unidad del país y la gestión de sus distintas comunidades autónomas, invocando la necesidad de preservar un marco de igualdad y solidaridad establecido desde la Transición Democrática.
