La Cámara regional aprobó el jueves la Ley de Evaluación Ambiental, por unanimidad. Fue impulsada por la Consejería de Desarrollo Sostenible, y se realizó una sesión donde también se debatieron temas de sanidad y educación. El parlamento autonómico respaldó la subida del salario mínimo interprofesional y las reivindicaciones del sector primario.
Los 33 diputados y diputadas del parlamento autonómico respaldaron con su voto a favor el proyecto de ley de Evaluación Ambiental, luego de que el Grupo Popular retirará las dos enmiendas parciales que habían llegado a Pleno después del debate y la votación del dictamen en el Comisión de Desarrollo Sostenible, la semana pasada.
La nueva ley revisa la regulación de evaluación medioambiental de planes, programas y proyectos “que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio de Castilla-La Mancha un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible”, y lo hace actualizando los procedimientos conforme a la normativa nacional y europea. En el debate en defensa de esta iniciativa ha intervenido el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero.
El respaldo unánime a la ley fue escenificado antes del arranque de la sesión plenaria con una fotografía en la que participaron el presidente del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page; los consejeros con competencias en esta cuestión, el propio Escudero y el titular de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo; parlamentarios de los tres grupos (PSOE, PP y Ciudadanos) y representantes de colectivos sociales que participaron en la redacción del proyecto.
Apoyo al sector primario
El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha acordó que los grupos de las Cortes regionales comprometidos “en la defensa del mundo agrario y la necesidad de su supervivencia”, según la resolución de Ciudadanos que ha sido aprobada por unanimidad tras el debate general sobre “la situación por la que están atravesando” los profesionales del sector en la región. La Cámara insta a la Junta a que apoye “los cultivos tradicionales” y a llevar a cabo “la vigilancia en la formación transparente de los precios dentro del mercado agrícola”.
El PP, que proponía el debate, no consiguió sacar adelante su propio texto, mientras que el PSOE obtuvo el respaldo de los tres grupos para apoyar “las justas reivindicaciones” que está llevando a cabo el sector a propósito de la diferencia de precios de sus productos en origen y en la venta. En esta resolución se anima a “tomar medidas” y a fomentar la colaboración y el diálogo con los agentes sociales implicados y se hace una amplia reclamación al gobierno central para incrementar las partidas en los Presupuestos del Estado “para facilitar la contratación de seguros agrarios”, para modificar la Ley de la Cadena Agroalimentaria de 2013, para la creación de una mesa que estudie medidas al sector y, entre otros aspectos, para “trabajar por que existan instrumentos de mercado de autorregulación”.
Mientras, el parlamento autonómico anima al gobierno regional a que ponga en marcha ayudas –priorizando las que se dirijan a jóvenes y mujeres- a la comercialización “con distintivos de calidad” y a la tecnificación de la industria agroalimentaria, así como que sigan los esfuerzos de modernización de las explotaciones e infraestructuras agrarias, entre otros aspectos recogidos en los 14 puntos de la resolución.
El otro debate general propuesto por la oposición, en esta oportunidad por el Grupo de Ciudadanos acerca de la suba del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), se saldó con el rechazo de las resoluciones propuestas por Cs y PP y la aprobación del texto del Grupo Socialista, con 19 votos a favor de su bancada y 10 abstenciones del PP. De esta manera, las Cortes de Castilla-La Mancha respaldan la subida pactada con los agentes sociales y animan al ejecutivo central a que siga adoptando medidas en favor del “empleo digno y de calidad”, que “mejoren el nivel de vida de las personas más vulnerables” y que “estimulen el consumo”.
Rechazadas una moción del PP y una PNL de Cs
El Pleno, que se prolongó por 6 horas, arrancó con el debate de una moción del PP, rechazada en la ronda de votaciones –acerca del Programa 412E, ‘Planificación, atención a la salud e instituciones sanitarias’- como consecuencia consecuencia de la interpelación que en la sesión anterior llevó a cabo el diputado popular Juan Antonio Moreno Moya al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que ha vuelto a debatir con los grupos.
Tampoco prosperó la proposición no de ley (PNL) de Ciudadanos para defender la publicación de los resultados de la evaluación final de 4º de la ESO y de las pruebas de evaluación de 3º y 6º de Primaria. La iniciativa ha recibido el voto en contra de los 19 diputados socialistas y la abstención de los diez escaños populares, tras el debate en el que ha intervenido para explicar su posición la consejera del ramo, Rosa Ana Rodríguez.
El Pleno finalizó a las cuatro de la tarde después de que los diputados del Grupo Popular formularon tres preguntas acerca del futuro centro de salud de TOmelloso, del paro femenino en la región -en ambos casos, respondidas por la consejera de Economía, Patricia Franco- y tres institutos de Albacete, respondida en este caso por la consejera de Educación.
