El Consejo de Ministros, siguiendo la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha dado luz verde al Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), marcando así un punto de inflexión en la política nacional de gestión de residuos nucleares. La decisión acarrea la suspensión definitiva del proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), favoreciendo en su lugar la creación de una serie de Almacenes Temporales Descentralizados (ATD).
Este nuevo PGRR establece un plan detallado para el cierre progresivo de las centrales nucleares españolas, que se llevará a cabo en un periodo comprendido entre 2027 y 2035. Esta previsión modifica el calendario anterior que, según el sexto PGRR, planteaba la finalización de la actividad de estas instalaciones entre 2021 y 2028. Además, el plan actual prevé que el desmantelamiento de las centrales nucleares comience tres años después del cese definitivo de sus operaciones, con la excepción de Vandellós I, cuyo proceso se iniciará en 2030.
La estrategia nacional establecida en el VII PGRR aboga por la utilización de los Almacenes Temporales Individualizados (ATI) que ya existen en los emplazamientos nucleares, los cuales serán complementados con nuevas instalaciones o medidas adicionales para el mantenimiento de los contenedores de combustible nuclear gastado. Estas actuaciones responden a la necesidad inmediata de almacenamiento de residuos de alta actividad y combustible gastado, en espera de su traslado a un almacenamiento final.
Uno de los componentes más significativos del plan es la construcción prevista de un Almacén Geológico Profundo (AGP), diseñado para ser la solución definitiva al almacenamiento de combustible gastado y residuos de alta actividad. Para su desarrollo, el MITECO subraya la importancia de un proceso transparente que incluirá información y participación pública, siguiendo ejemplos de países europeos como Finlandia, Suecia, Suiza y Francia, que ya han localizado sus propios AGP.
El plan también garantiza la operación continuada del centro de almacenamiento de El Cabril (Córdoba), destinado a residuos de media, baja y muy baja actividad, hasta que se complete el desmantelamiento de todas las centrales nucleares del país.
La elaboración de este séptimo PGRR, que ha incluido por primera vez una evaluación ambiental estratégica con consulta e información pública, comenzó en el año 2020. Ha contado con la evaluación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de las comunidades autónomas, sustituyendo así al plan previo aprobado en 2006.
El MITECO asegura que el nuevo plan está alineado con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) y con el Protocolo de cese ordenado de explotación de las centrales nucleares firmado en 2019. En lo que concierne al coste del plan, se estima un montante de 20.200 millones de euros que, de acuerdo con el principio de ‘quien contamina, paga’, serán financiados mediante el Fondo para la financiación de las actividades del PGRR, gestionado por Enresa y soportado económicamente por los propietarios de las instalaciones nucleares.
Esta aprobación se notificará tanto a las Cortes Generales como a la Comisión Europea, dando testimonio del compromiso del Gobierno con una gestión segura, responsable y sostenible del legado nuclear del país.
