El Ministerio de Sanidad activará este viernes en la sesión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) para el periodo 2024-2027, inclusive si no todas las Comunidades Autónomas (CCAA) deciden adherirse a él, informaron fuentes cercanas al Ministerio a Europa Press. El objetivo es lograr un «consenso», como se pretendía con las dos recientes reuniones de la Comisión de Salud Pública.
Según las mismas fuentes, el Plan, firmemente defendido por la ministra de Sanidad, Mónica García, se plasmará en breve en una legislación. No obstante, antes de la implementación de la ley estatal respectiva, las CCAA que opten por implementar medidas del Plan recibirán el aval correspondiente.
A pesar de los esfuerzos por un acuerdo y la posibilidad de incluir aportaciones regionales, el plan se adoptará independientemente de su aceptación unánime. Hasta el mediodía del jueves, las CCAA tenían margen para comunicar si se sumaban o no al acuerdo, habiendo considerado ya los ajustes propuestos y las alegaciones realizadas. El detalle acerca de cuáles seguirán adelante con el plan no se hará público hasta la mencionada reunión del viernes.
El Plan prevé, entre sus medidas, la prohibición de fumar en terrazas y el aumento del precio del tabaco. Estas iniciativas buscan un cambio en la legislación para su implementación efectiva.
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, a través de una publicación en una red social, ha indicado que la posición de cada participante en este asunto quedará definida y recordada históricamente. Ha sido enfático en afirmar que el Plan seguirá adelante aunque no reciba el apoyo del Partido Popular (PP). En su publicación, destacó las «excusas» usadas por las CCAA gobernadas por el PP para oponerse al Plan, como la rapidez en la elaboración del mismo, a lo cual Padilla contraargumenta mencionando el tiempo prolongado de su elaboración y la implicación de profesionales de todas las CCAA.
Además, frente a la crítica sobre la falta de memoria económica en el Plan, Padilla argumenta que no es un requisito históricamente necesario y que el impacto económico vendrá con la aprobación de leyes específicas con evaluaciones presupuestarias incluidas.
Sobre las peticiones de las CCAA de que los impuestos al tabaco sean «finalistas», es decir, se destinen exclusivamente a políticas anti-tabaco, Padilla aclara las dificultades legales de esta propuesta, pero anticipa un esfuerzo en colaboración con el Ministerio de Hacienda para dirigir parte de estos impuestos a la lucha antitabaco.
Aragón, por ejemplo, proponía que la prohibición de fumar en terrazas sea voluntaria y que se establezcan incentivos fiscales para espacios libres de humo, propuestas a las que Padilla respondió señalando la ineficacia de la autorregulación en la salud pública y la falta de sentido de incentivos fiscales sin un claro impacto económico.
Con estas observaciones, el secretario de Estado concluyó que cuando no hay razones públicas para oponerse a medidas de sentido común, se recurre a aspectos formales para justificar la oposición.
