En un movimiento diplomático sin precedentes, el Parlamento de Venezuela, dominado por el chavismo, sentó las bases para un drástico cambio en su relación con España. La iniciativa, discutida durante la sesión del miércoles, contempla la solicitud al gobierno de Nicolás Maduro para que cese «de manera perentoria» todas las relaciones diplomáticas, consulares, económicas y comerciales con el país europeo. Este giro en la política exterior venezolana responde directamente a la reciente decisión del Congreso Español de reconocer a Edmundo González Urrutia, un destacado opositor venezolano, como presidente electo.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN) y figura prominente del oficialismo, expresó de manera contundente la necesidad de esta resolución. Instó a la Comisión de Política Exterior a reunirse inmediatamente para formular una propuesta que la plenaria podría aprobar sin dilaciones. Su postura no deja lugar a dudas sobre el rechazo del Parlamento venezolano a la injerencia española en sus asuntos internos, sugiriendo una expulsión inmediata de todos los representantes diplomáticos españoles en Venezuela, así como el retorno de los funcionarios venezolanos establecidos en España.
La severidad de las medidas propuestas va más allá de las meras relaciones diplomáticas. Rodríguez abogó también por la terminación inmediata de cualquier actividad comercial de empresas españolas en Venezuela. Justificó esta decisión como una respuesta al «atropello más brutal» contra Venezuela, comparándola con los conflictos históricos de la lucha por la independencia del país caribeño. Además, criticó abiertamente el sistema monárquico español, cuestionando la legitimidad de su estructura política en el siglo XXI.
En sus palabras, Rodríguez describió a España como un santuario para «homicidas, fascistas, golpistas y violentos», haciendo especial mención a políticos antichavistas que actualmente residen en España, como Leopoldo López. Esta declaración subraya la profundidad del descontento venezolano con la actitud percibida de España, considerada ahora como un actor hostil que ofrece refugio a los opositores del régimen de Maduro.
La propuesta del Parlamento venezolano de cortar todas las relaciones con España constituye un hito en las tensiones diplomáticas entre ambos países. Este acto recalca una vez más la volatilidad de las relaciones internacionales en América Latina y la sensibilidad de los gobiernos ante lo que consideran intervenciones en sus asuntos internos. La resolución, de ser aprobada, podría marcar un antes y un después en el vínculo entre Venezuela y España, con repercusiones aún inciertas pero potencialmente significativas en el ámbito diplomático y económico.
