Este viernes, en el Seminario Conciliar de Toledo, María García y Ana Blanco, presidenta y vicepresidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa (OLRC), han presentado el Informe de Ataques a la Libertad Religiosa en España 2023. En este evento, también estuvo presente Monseñor César García Magán, obispo auxiliar de Toledo y secretario de la Conferencia Episcopal Española.
Durante la presentación, el Observatorio destacó un preocupante aumento en los ataques a lugares de culto y símbolos religiosos en el país. Como ejemplo, mencionaron el incidente en marzo en el que se pintaron esvásticas en la puerta de una mezquita en Esquivias, Toledo.
María García subrayó que, en febrero, el grupo terrorista Daesh amenazó catedrales españolas, lo que llevó al OLRC a solicitar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, una mayor protección para los templos religiosos en vista de la proximidad de la Semana Santa.
García y Blanco hicieron un llamado a los partidos políticos y a los legisladores para que implementen medidas que garanticen la protección de los símbolos religiosos. En este contexto, mencionaron que algunas comunidades religiosas se han visto obligadas a instalar cámaras de seguridad o contratar seguridad privada ante el incremento de estos ataques.
Además, pidieron que se preserve la basílica del Valle de los Caídos como lugar de culto y la libertad religiosa de la comunidad benedictina que ahí reside. Entre las peticiones del OLRC se incluye el respeto al derecho de las personas a rezar en cualquier lugar, incluso frente a centros que practiquen abortos, y la necesidad de mantener en el Código Penal el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, a fin de prevenir la intolerancia y el odio hacia creyentes de distintas confesiones.
El Observatorio también aboga por garantizar que se cumplan los tratados firmados por el Estado español con las diversas confesiones religiosas, particularmente en lo que respecta a la libertad de los padres para educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones.
Finalmente, desde el OLRC hicieron un llamado a evitar la promoción del odio antirreligioso y del laicismo beligerante por parte de instituciones públicas y órganos de representación ciudadana, afirmando que «las personas creyentes no son ciudadanos de segunda».
