El Observatorio Regional de Impacto de los Aranceles en Castilla-La Mancha ha anunciado la convocatoria de una reunión antes del 1 de agosto, coincidiendo con la fecha en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planificado la implementación de aranceles del 30 por ciento a todos los productos provenientes de los países de la Unión Europea. Esta medida ha generado una creciente preocupación en la región, ya que podría afectar de manera significativa al tejido empresarial local.
Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo, expuso ante los medios de comunicación su inquietud sobre la posible aplicación de estos aranceles. En el marco de la reunión del Consejo de Economía Social de Castilla-La Mancha, Franco expresó su esperanza en que se pueda alcanzar un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos que evite la entrada en vigor de estos aranceles, señalando que aún hay margen para la negociación.
La consejera subrayó la necesidad de que la Unión Europea articule un plan de respuesta, considerando que el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto a otros ministros europeos, están comprometidos en buscar un acercamiento que permita reducir la amenaza de estos gravámenes comerciales. Franco destacó que la imposición de un 30% sobre los bienes y servicios que España exporta a Estados Unidos tendría repercusiones negativas tanto para las exportaciones estadounidenses como para las relaciones comerciales entre este país y Europa.
Franco reiteró el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha de apoyar a su tejido empresarial, que ha sido meticulosamente analizado y está bien identificado. En este sentido, este mismo lunes se han convocado grupos de trabajo del observatorio regional con el objetivo de fortalecer la posición común del sector, alineándose con las medidas que se estén desarrollando en el ámbito del Gobierno nacional, en colaboración con el Instituto de Comercio Exterior (ICEX).
