La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha presentado los detalles del nuevo decreto para la gestión de purines en las explotaciones porcinas de Castilla-La Mancha. Este decreto, que entrará en vigor este sábado tras su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, establece medidas más estrictas para la gestión de residuos en los estercoleros, obligando a que estos estén situados a más de 2.000 metros de las áreas urbanas.
Una de las restricciones más significativas incluidas en el decreto es la prohibición de la aplicación directa de purines para su valorización agronómica, a menos que hayan sido previamente tratados. Esta normativa surge como respuesta a las quejas de diversos municipios que han soportado problemas de olores y contaminación de suelos asociados a las explotaciones porcinas.
Gómez indicó que actualmente hay 61 explotaciones en moratoria, a la espera de la nueva regulación. El Gobierno regional se encargará de notificar a ayuntamientos, empresarios y promotores sobre la legislación, que afecta a un total de 1.258 explotaciones en la región, de las cuales 326 ya tienen autorización ambiental integrada.
Este nuevo decreto también se originó tras la moratoria establecida por la ley 1/2022, que mantuvo en suspensión nuevas solicitudes de concesión mientras se planificaba una transformación del sector porcino y se actualizaba el sistema de manejo de residuos. Para su elaboración, se conformó un equipo técnico y científico, en colaboración con organizaciones agrarias, grupos conservacionistas y plataformas vecinales, buscando abordar las problemáticas existentes y aumentar la transparencia en la gestión de purines.
El decreto introducirá diversas medidas técnicas, como la utilización de prensas centrífugas, digestión anaerobia y aerobia, compostaje y otras metodologías avanzadas con el objetivo de mejorar el tratamiento de los purines. Entre las prohibiciones estipuladas, se destaca el uso de estos residuos en los meses de julio y agosto, para evitar la dispersión de olores desagradables.
Sin embargo, el decreto incluye excepciones importantes, especialmente para la ganadería extensiva y explotaciones familiares, que tendrán unos plazos de adaptación más amplios. Las explotaciones que cuenten con menos de 240 Unidades Ganaderas y las que ya estén autorizadas también gozarán de periodos de exención para ajustarse a la nueva normativa.
La consejera ha asegurado que se establecerán ayudas para facilitar la incorporación de las nuevas tecnologías por parte de los ganaderos. Además, se prohibirá la entrada de purines procedentes de otras comunidades autónomas para su valorización en Castilla-La Mancha.
El Gobierno regional también está comprometido con un plan de biometanización para el año 2030, que busca proporcionar fertilizantes de alta calidad a los agricultores, promoviendo un uso responsable de la materia orgánica y reduciendo la dependencia de fertilizantes minerales que contribuyen a la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas.
Gómez ha resaltado la importancia de esta normativa y sus medidas de seguimiento, que incluirán la participación de representantes de la Universidad de Castilla-La Mancha y grupos conservacionistas, para asegurar el cumplimiento de los planes de gestión de estiércoles y la implementación de mejores prácticas en el sector.
El sector porcino de la región representa el 18% del PIB y proporciona 33.000 empleos, con una producción total de carne que alcanza las 400.000 toneladas. La consejera concluyó subrayando que el objetivo del nuevo decreto es garantizar una gestión adecuada de los purines, que minimice los perjuicios para la población y el medio ambiente.
