González Amador intentó sin éxito regularizar el fraude fiscal de 1,7 millones de euros tras declarar gastos falsos.
Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconoció haber cometido fraude fiscal al declarar gastos inexistentes por casi 1,7 millones de euros para reducir el Impuesto de Sociedades de su empresa, Maxwell Cremona SL. En 2022, el empresario intentó regularizar su situación a través de una declaración complementaria, pero su asesora fiscal le advirtió que Hacienda ya lo investigaba, por lo que no podía hacerlo.
El abogado de González Amador explicó que su cliente no era consciente de la gravedad de la situación. Según su defensa, el fraude se debió a un “error de contabilización”. Sin embargo, el empresario aceptó su responsabilidad y buscó un acuerdo con la Fiscalía para reducir su condena a ocho meses de prisión, lo que le permitiría evitar la cárcel.
Regularización tardía y multas millonarias
González Amador intentó regularizar el fraude, pero Hacienda ya investigaba sus declaraciones desde mayo de 2022. El empresario había presentado facturas falsas en los ejercicios de 2019 y 2020 por un valor de 620.000 y 922.585 euros, respectivamente, para evadir impuestos. En julio de 2023, pagó 629.408 euros a Hacienda en un intento por corregir los errores, pero el Ministerio Público rechazó esta acción, ya que consideró insuficiente el pago.
El empresario propuso pagar una multa de 500.000 euros para resolver el caso. Sin embargo, Hacienda y la Fiscalía creen que su conducta no fue producto de un error. Las autoridades concluyeron que González Amador actuó de manera consciente y dolosa, lo que llevó a la querella que ahora enfrenta.
La investigación que podría llevarlo a prisión
La investigación, que comenzó en mayo de 2022, reveló que González Amador cometió dos delitos fiscales al intentar reducir el Impuesto de Sociedades de su empresa con gastos ficticios. A pesar de sus esfuerzos por llegar a un acuerdo, el empresario se enfrenta a una pena mínima de dos años por fraude fiscal. Si no logra reducir la condena, podría ingresar en prisión, a pesar de sus intentos por resolver el caso antes del juicio.
Además, la defensa del empresario sostiene que él no actuó con intención dolosa, y que sus intentos de regularizar su situación fiscal fueron honestos, aunque tardíos. No obstante, la Agencia Tributaria insiste en que sus acciones fueron premeditadas, lo que refuerza la postura de la Fiscalía en su búsqueda de una condena ejemplar.
