Las aseguradoras rechazan el concierto de Muface mientras el Gobierno evalúa su eliminación
La negativa de aseguradoras como ASISA, ADESLAS y DKV a participar en el concurso de Muface podría marcar el fin de este modelo de sanidad privada que da servicio a más de un millón de funcionarios en España. Estas empresas consideran insuficiente el incremento de primas propuesto por el Gobierno, que planea redirigir los recursos del concurso a las comunidades autónomas para financiar la integración de los mutualistas en el sistema público.
El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, plantea eliminar el sistema privado de Muface a partir del 1 de enero de 2025, según un informe de 17 páginas que detalla la insostenibilidad del modelo. La propuesta incluye una transición progresiva durante nueve meses, permitiendo que los mutualistas se integren al sistema público con compromisos de calidad y aumento de la financiación.
Tensiones entre Gobierno, aseguradoras y sindicatos
El desacuerdo entre las partes ha generado un conflicto que pone en jaque el futuro del modelo. Mientras el Gobierno ofrece un incremento del 17% en las primas, las aseguradoras exigen un aumento del 40%, una diferencia que ha dificultado alcanzar un acuerdo. Además, Sanidad acusa a las empresas de seleccionar pacientes menos costosos y derivar los tratamientos más caros al sistema público, una práctica que afecta la sostenibilidad del modelo.
Por otro lado, los sindicatos también están divididos respecto al futuro de Muface. La CSIF defiende el derecho de los funcionarios a elegir sanidad privada financiada con dinero público, mientras que CCOO y UGT critican la calidad de los servicios actuales ofrecidos por las aseguradoras. UGT exige mejorar la cobertura para los mutualistas y apela a la responsabilidad de las compañías, mientras que CCOO insta a revisar las condiciones de los conciertos para garantizar la calidad asistencial.
Opciones sobre la mesa: una decisión definitiva para los funcionarios
El ministro de Función Pública, Óscar López, evalúa la posibilidad de permitir que los funcionarios elijan entre el sistema privado o público de manera definitiva. Esta medida, en lugar de la elección anual actual, facilitaría la planificación económica, aunque no asegura la aceptación de las aseguradoras.
Por el momento, ninguna de las partes involucradas ha manifestado un consenso sobre esta propuesta. El futuro de Muface enfrenta un momento crítico, y las decisiones que se tomen en las próximas semanas serán determinantes para más de un millón de funcionarios y el sistema de salud en España.
