La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo se prepara para juzgar el próximo 25 de septiembre a cinco hombres acusados de un delito contra la salud pública. Los hechos se remontan a 2016, cuando los implicados fueron detenidos tras ser descubiertos en un laboratorio clandestino dedicado a la elaboración de cocaína en Illescas. Entre los acusados, J.P.E.R., ya tiene antecedentes por haber sido condenado en la Audiencia Provincial de Madrid a 6 años de prisión por pertenencia a una organización criminal.
Las investigaciones revelaron que J.P.E.R. había iniciado conversaciones con A.A.D. para trabajar juntos en la producción de cocaína. Desde marzo de 2016, ambos, junto a otros acusados, llevaron a cabo la manipulación de la sustancia en un inmueble de Illescas, donde J.P.E.R. proporcionaba asistencia técnica en el tratamiento de cocaína. A.A.D. contaba, además, con el apoyo de los acusados J.L.F.A., D.J.M. y M.A.P.O., quienes desempeñaban diferentes roles en el proceso de elaboración.
El 7 de abril de 2016, la Policía Nacional detuvo a D.J.M. y M.A.P.O. cuando se dirigían al laboratorio para continuar con la producción de la droga. Posteriormente, las autoridades realizaron un registro en el inmueble donde hallaron un laboratorio equipado para la elaboración de cocaína. Además, en la vivienda de A.A.D. se encontraron 44,6 gramos de cocaína y 1.610 euros, presuntamente derivados de actividades de compra-venta de la sustancia.
Los acusados, que fueron detenidos y encarcelados provisionalmente, fueron liberados posteriormente bajo fianza, cumpliendo los plazos establecidos. En su acusación, la Fiscalía solicita, para A.A.D., una pena de 5 años y 3 meses con multas y una inhabilitación especial, mientras que para J.L.F.A. y D.J.M. pide 3 años y 9 meses. Para M.A.P.O. solicita 3 años y 3 meses y, finalmente, para J.P.E.R. la pena es de 4 años y 9 meses, considerando su reincidencia.
Las penas propuestas incluyen multas de acuerdo al valor de las sustancias intervenidas y la posibilidad de privación de libertad en caso de impago. Una vez cumplidas las dos terceras partes de las penas, conforme a lo estipulado por la legislación, se prevé que los condenados puedan ser expulsados del territorio nacional, prohibiéndoles regresar durante un período de cinco años.
