En una decisión unánime que marca un giro sin precedentes en la historia política reciente de Brasil, el Supremo Tribunal Federal abrió este miércoles un proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y siete individuos más, acusados de orquestar un intento de golpe de Estado. La acusación sostiene que Bolsonaro lideró esfuerzos para invalidar los resultados de las elecciones de 2022 y obstaculizar la asunción al poder del presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, mediante una intervención militar.
La Sala Primera del Supremo, compuesta por cinco magistrados, dio luz verde a la denuncia presentada por la Fiscalía, basada en extensas investigaciones y testimonios que apuntaban a una conspiración para desestabilizar el estado democrático de derecho en Brasil. La defensa del exmandatario ultraderechista, que ha rechazado todas las acusaciones, presentó sus argumentos sin conseguir disuadir a los jueces de proceder con el caso.
Entre los acusados junto a Bolsonaro se encuentran militares de alto rango y exministros de su gobierno, imputados por delitos que incluyen la abolición violenta del Estado democrático de derecho, la participación en una organización criminal armada, así como el deterioro del patrimonio público.
Durante la sesión, el magistrado Alexandre de Moraes, encargado de instruir el caso, destacó la existencia de pruebas sustanciales y «indicios razonables» de la culpabilidad de Bolsonaro como cerebro de la trama golpista. Moraes subrayó la meticulosa descripción de los hechos realizada por la Fiscalía, que detalló la participación del expresidente en los intentos de subversión del orden constitucional.
La decisión de abrir el juicio se apoya también en los eventos del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro llevaron a cabo una invasión violenta de las sedes del Supremo Tribunal Federal, el Congreso Nacional y el Palacio de Planalto, en un claro desafío a la autoridad del recién investido presidente Lula. Estos actos, según los magistrados, representan la culminación de una conspiración que buscó alterar la voluntad popular y quebrantar la estructura democrática de la nación.
Los jueces del Supremo enfatizaron la importancia de proteger la democracia y el estado de derecho de actos de violencia y desestabilización. La acusación contra Bolsonaro y los demás implicados ahora se moverá hacia una fase de juicio más detallada, en la que se examinarán las evidencias y se determinará la responsabilidad penal de los acusados en uno de los intentos más graves de socavar la democracia brasileña de las últimas décadas.
