En un giro reciente en los acontecimientos legales y políticos de los Estados Unidos, un tribunal federal de apelaciones ha colocado temporalmente en pausa un fallo judicial que exigía al presidente Donald Trump ceder el control de los miembros de la Guardia Nacional de California de vuelta al estado. Esta decisión surge en respuesta a la movilización de tropas por Trump en Los Ángeles, con el propósito declarado de controlar las protestas desencadenadas por su política migratoria.
Anteriormente, el juez federal de distrito Charles Breyer había dictado que la federalización de miles de miembros de la Guardia Nacional por parte de Trump fue ilegal. Breyer argumentó que Trump había excedido su autoridad, violando la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, lo que debería haber resultado en la devolución inmediata del control de la Guardia Nacional al gobernador de California. La disputa legal subraya el enfrentamiento entre la administración de Trump y el liderazgo estatal de California, en particular con el gobernador Gavin Newsom, quien, junto al fiscal general del estado, Rob Bonta, había presentado una demanda contra el Presidente y el secretario de Defensa, Peter Hegseth.
La controversia se intensifica en el contexto de las tensiones crecientes entre la Casa Blanca y el Gobierno estatal sobre el despliegue de la Guardia Nacional para hacer frente a las protestas en Los Ángeles. Estas manifestaciones se iniciaron la semana pasada luego de una serie de incursiones realizadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y han continuado intensificándose, atrayendo la atención nacional hacia el uso de la fuerza militar en tareas de mantenimiento del orden público en territorio estadounidense.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. ha anunciado que se celebrará una audiencia el próximo 17 de junio para discutir el asunto más a fondo. Mientras tanto, el fallo del juez Breyer queda suspendido, permitiendo temporalmente que las operaciones de la Guardia Nacional continúen bajo la dirección federal.
La decisión del tribunal de apelaciones no pone fin a la disputa, pero establece un precedente significativo en el debate sobre los límites de la autoridad presidencial en la movilización de fuerzas armadas dentro de Estados Unidos, particularmente en situaciones que involucran la gestión de protestas y disturbios civiles. Con el país observando, la audiencia de junio promete ser un momento crucial en el enfrentamiento entre el estado de California y la administración Trump.
