En Seúl, el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol continúa su segundo día bajo custodia sin cooperar con las autoridades judiciales. Arrestado tras un asedio a su residencia oficial, donde se mantuvo resguardado por el servicio de seguridad presidencial, Yoon se enfrenta a una investigación por un presunto delito de insurrección luego de su declaración de ley marcial.
Durante la jornada de interrogatorios liderada por la oficina anticorrupción, Yoon optó por no participar, argumentando a través de su equipo legal que su estado de salud le impedía asistir. Este rechazo a colaborar con los investigadores es consecuente con su postura del día anterior, cuando ya había evitado cualquier comunicación con las autoridades, pasando la noche en el Centro de Detención de Seúl, cerca de la Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO).
El Tribunal Constitucional, mientras tanto, procedió con la segunda audiencia sobre su destitución, desoyendo las solicitudes de los abogados de Yoon para posponerla. Esto se suma a la creciente tensión y la polarización pública que el caso ha generado, evidente en las manifestaciones de apoyo al presidente.
La oficina anticorrupción, que lidera la investigación, tiene un plazo de 48 horas desde la detención del presidente para interrogarlo, un periodo que podría extender hasta 20 días con una orden judicial. Yoon enfrenta no solo la posibilidad de ser encontrado culpable de insurrección, una de las pocas acusaciones de las que un presidente surcoreano no es inmune, sino también de abuso de poder. De ser declarado culpable, podría enfrentar una sentencia severa, incluida la pena de muerte, aunque el país ha mantenido una moratoria sobre esta última por casi cuarenta años.
La historia se desarrolla mientras el país y el mundo observan con atención el desenlace de este caso sin precedentes en la historia política surcoreana. Con el Tribunal Constitucional deliberando sobre su futuro, Yoon Suk-yeol permanece en un limbo legal y político, suspendido de sus funciones pero de facto aún en el poder, esperando una decisión que podría redefinir completamente su carrera y la gobernanza en Corea del Sur.
