El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo ha emitido una sentencia que ratifica la legalidad de las actividades cinegéticas en el Parque Nacional de Cabañeros. Esta decisión corresponde a un caso presentado por un miembro de la Asociación de Afectados por el Parque Nacional de Cabañeros (AAPNC), quien ha indicado que la administración pública no puede prohibir la caza en este espacio natural protegido mientras no se cumplan las medidas requeridas por la legislación vigente.
La sentencia, que fue notificada el 8 de enero, establece que la Junta de Castilla-La Mancha ha intentado aplicar restricciones sin asegurar las compensaciones y procedimientos estipulados por la normativa. Esto, a juicio del tribunal, vulnera los derechos patrimoniales de los afectados. La AAPNC señala que esta resolución se suma a otras tres emitidas por los Juzgados de Toledo, las cuales sostienen una posición común respecto a la falta de cumplimiento por parte de la Administración de sus obligaciones en relación con la disposición adicional séptima de la Ley 30/2014, de Parques Nacionales.
Entre las medidas que la ley exige se encuentran la elaboración de criterios técnicos para facilitar acuerdos voluntarios con propietarios afectados, la promoción de dichos acuerdos y, en caso de no alcanzarse un entendimiento, el proceso de expropiación de derechos. La sentencia enfatiza que la prohibición de la caza impuesta desde diciembre de 2020 carece de un fundamento legal sólido al no haberse satisfecho los requisitos estipulados en la ley.
El texto judicial aclara que las restricciones sobre usos y aprovechamientos no son aplicables si la Administración no cumple con las actuaciones requeridas para adapta el Parque Nacional a las disposiciones de la norma. Aunque la sentencia no es definitiva y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, representa un nuevo golpe al Gobierno regional y resalta la necesidad de una gestión adecuada del Parque Nacional de Cabañeros.
Este revés judicial también pone de relieve las críticas hacia el creciente deterioro del parque, un entorno natural de gran valor ecológico. La preocupación por la situación de emergencia medioambiental ha llegado incluso a Bruselas; en noviembre, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo solicitó una investigación sobre posibles incumplimientos de las Directivas de Hábitats y Aves en esta área protegida.
Desde la AAPNC se advierte que la inacción de la Administración ha tenido un impacto negativo en los ecosistemas de Cabañeros. La población descontrolada de ungulados ha aumentado un 250% en los últimos tres años, lo que ha afectado gravemente la flora y fauna del parque, intensificando los problemas de erosión y la pérdida de cobertura vegetal en hábitats valiosos.
La AAPNC ha reafirmado su compromiso de seguir defendiendo los intereses de sus miembros, manifestando su intención de trabajar por una gestión sostenible y justa del Parque Nacional de Cabañeros que respete tanto la conservación del entorno como los derechos de las personas implicadas.
