El juicio que estaba programado para el pasado mes de febrero contra O.I.V.C. se llevará a cabo este martes, 22 de abril, en la Audiencia Provincial de Toledo. La Fiscalía ha solicitado una pena de ocho años de cárcel por un delito de agresión sexual en el que se imputa al acusado por tocar los genitales e intentar masturbar a un menor en la trastienda de un establecimiento que él mismo gestionaba en Talavera de la Reina.
Inicialmente, el juicio estaba previsto para el 18 de febrero, pero fue suspendido a solicitud del abogado del acusado. Ahora, la audiencia provincial toledana se prepara para reanudar el proceso judicial, tal como ha confirmado un escrito de la Fiscalía recogido por Europa Press.
Los hechos que se juzgarán ocurrieron el 10 de agosto de 2022, cuando, alrededor de las 23.00 horas, el menor A., que nació el 10 de agosto de 2006, se encontraba paseando por Talavera de la Reina con varios amigos. El grupo decidió entrar en el establecimiento del acusado para charlar y fumar un cigarro en la trastienda. Diez minutos después, A. se marchó a su casa.
Sin embargo, poco después, O.I.V.C. envió un mensaje a A. a través de Instagram invitándole a volver al local, a lo que el menor respondió que iría, pero que no podía demorarse mucho. Cuando A. regresó, el acusado le hizo un comentario sobre su pene y, guiado por un propósito libidinoso, le tocó los genitales por fuera del pantalón. El menor intentó apartar las manos del acusado, quien a continuación mostró varios vídeos de contenido sexual y volvió a tocarle.
A pesar de que el menor intentó resistirse y rechazó nuevas aproximaciones por parte del acusado, O.I.V.C. continuó con los tocamientos. Finalmente, la situación se interrumpió cuando un cliente entró al local, lo que permitió que A. abandonara el establecimiento y regresara a su casa.
La Fiscalía califica los actos de O.I.V.C. como constitutivos de un delito de agresión sexual y ha solicitado, además de la pena de cárcel, una orden de alejamiento que prohíba al acusado acercarse al menor a menos de 300 metros y comunicarse con él de cualquier forma durante un período de cuatro años a partir de la condena. Asimismo, se ha solicitado que el acusado indemnice a los progenitores del menor con una compensación económica de 3.000 euros por los daños morales causados.
