El Instituto Vasco de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora ha establecido como prioridad el desarrollo de campañas en colaboración con las diputaciones de Extremadura, bajo la dirección de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, con el fin de localizar a los familiares de 120 republicanos extremeños que fallecieron entre 1937 y 1941 en la cárcel de Orduña, en Bizkaia. El objetivo es lograr su identificación a través de pruebas de ADN.
Alberto Alonso, director de Gogora, ha explicado que entre las acciones planificadas se encuentra el reconocimiento de Orduña como Lugar de Memoria Democrática. Además, el instituto tiene proyectado señalizar con placas las obras realizadas en el municipio por los reclusos del penal, quienes fueron sometidos a trabajos forzados, y organizar un acto significativo para honrar las víctimas extremeñas en Castuera (Badajoz), lugar desde el cual fueron trasladados a la prisión vizcaína.
Alonso mencionó el apoyo del secretario de Estado, Fernando Martínez López, en la gestión del proyecto, y la colaboración del alcalde de Castuera, Francisco Martos, quien ha mostrado un fuerte compromiso con la iniciativa. En la Prisión Central de Orduña, que anteriormente fue un campo de concentración, se registraron casi 4.000 presos, más de la mitad de ellos procedentes de Extremadura. Durante el periodo señalado, 225 reclusos fallecieron en la cárcel, de los cuales 127 eran extremeños.
Gogora ha compilado un listado con los nombres, apellidos, lugares de origen y fechas de muerte de los fallecidos, quienes fueron enterrados de manera ordenada y no en fosas comunes. A pesar de que la mayoría de los restos que han sido exhumados corresponden a extremeños, solo se ha conseguido identificar a siete y entregarlos a sus familias.
Los prisioneros, en su mayoría campesinos que reivindicaban el reparto de tierras durante la República, fueron trasladados en condiciones infrahumanas desde Castuera a Orduña. Durante su encarcelamiento, sufrieron graves carencias alimentarias y fueron sometidos a trabajos forzados, lo que resultó en numerosas muertes por hambre, frío o enfermedades. La situación fue tan crítica que un inspector falangista llegó a calificar a los prisioneros como «muertos vivientes».
Para 2025, Gogora prevé ampliar el Columbario de la Dignidad en Orduña, donde se inhumarán los restos no identificados y aquellos cuyos familiares han decidido que permanezcan en dicho lugar. Este esfuerzo se lleva a cabo en conjunto con el Ayuntamiento de Orduña y forma parte del Programa de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante la Guerra Civil.
La identificación genética de los restos es responsabilidad del laboratorio Biomics de la UPV/EHU y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que maneja las tareas de exhumación y antropología forense. A medida que avanza el proceso, Gogora se enfocará en contactar con el máximo número posible de familiares de los fallecidos para obtener muestras de ADN que faciliten la identificación. Si bien el tiempo transcurrido y la calidad del ADN representan desafíos significativos, el compromiso de lograr la identificación de estos prisioneros es firme. Alonso subrayó la importancia de este trabajo, destacando que muchos de los familiares de los fallecidos son ya nietos o sobrinos, lo que complica la búsqueda, pero sigue siendo esencial para proporcionar un cierre a las familias afectadas. La colaboración de los residentes de Orduña ha sido notable, con habitantes del municipio realizando esfuerzos para localizar a las familias de los fallecidos, incluso viajando a Badajoz para buscar «puerta por puerta». Aunque la atención inicial se centrará en Extremadura, el plan es extender estas campañas a otras regiones, incluida Castilla-La Mancha.
