El Gobierno de Castilla-La Mancha y los agentes sociales de la región han iniciado este lunes los primeros pasos para la creación del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral. Este nuevo órgano público tiene como objetivo principal la reducción de la siniestralidad laboral, la prevención de enfermedades profesionales y la integración de una cultura preventiva en todos los sectores laborales de la comunidad.
La presentación de este nuevo organismo estuvo a cargo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el presidente de Cecam, Ángel Nicolás; y las secretarias generales de UGT y CCOO, Lola Alcónez y Javier Ortega, respectivamente. García-Page enmarcó esta iniciativa en un «macroacuerdo» que se formalizará entre el Gobierno regional, los sindicatos y la patronal, el cual movilizará 13.000 millones de euros en políticas de empleo hasta el año 2030, teniendo la seguridad laboral como uno de sus pilares fundamentales.
El presidente destacó que la salud laboral debe ser abordada desde el consenso y no desde la confrontación política, haciendo hincapié en la necesidad de colaborar para crear el Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral. Reconoció la complejidad de la salud en el trabajo en el contexto actual y la dificultad de alcanzar la siniestralidad cero, aunque defendió el Instituto como herramienta clave para combatir esta problemática. García-Page propuso un cambio de perspectiva en la forma de abordar los accidentes laborales, sugiriendo que se debe dejar de lado la búsqueda de culpables y enfocarse en encontrar respuestas y soluciones efectivas.
Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, subrayó que la creación del Instituto era un compromiso de legislatura, argumentando que, aunque algunos consideran que llega tarde, se está cumpliendo en el ecuador del mandato. Destacó la asignación de tres millones de euros en el presupuesto de 2026 para el nuevo órgano, un incremento significativo en comparación con los 1,18 millones destinados en 2015.
Desde los sindicatos, la secretaria general de UGT, Lola Alcónez, calificó la puesta en marcha del Instituto como una «reivindicación histórica». Enfatizó que la prevención puede «salvar vidas» y que este es uno de los pilares fundamentales para alcanzar el objetivo de la «siniestralidad cero». Javier Ortega, secretario general de CCOO, comentó sobre la siniestralidad como un «gran drama de la economía en Castilla-La Mancha» y afirmó que la creación del Instituto es resultado del diálogo social, augurando un antes y un después con su establecimiento.
El presidente de Cecam, Ángel Nicolás, también manifestó su apoyo a la creación de este organismo, argumentando que el trabajo debe ser un medio para ganarse la vida, no para perderla. Subrayó que el Instituto será una herramienta más para reducir la siniestralidad y recordó el compromiso de los empresarios en implementar sistemas de prevención en sus empresas, enfatizando la importancia de prestar especial atención a la reducción de incidentes laborales en la región.
