La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha emitido una advertencia preocupante respecto al alcance del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación destinada a ayudar a las familias en situación de pobreza. Según la asociación, cuatro años después de su implementación, el IMV solo beneficia al 12,2% de la población que vive por debajo del umbral de pobreza, lo cual indica una cobertura muy por debajo de las expectativas iniciales.
Esta prestación se encuentra particularmente rezagada en Castilla-La Mancha, una de las comunidades con menor tasa de cobertura, donde solo llega al 8,7% de la población vulnerable. La situación contrasta marcadamente con otras regiones como el País Vasco, donde la cobertura asciende a un 24,5%. Las disparidades entre comunidades autónomas son considerables, con Baleares en el extremo más bajo, alcanzando apenas el 5,9% de su población bajo el umbral de la pobreza.
Los gerentes en servicios sociales han criticado duramente al Gobierno por no lograr los objetivos propuestos. Se había planteado que el IMV llegaría en unos meses a las 850.000 familias que viven en pobreza extrema; sin embargo, la prestación solo ha alcanzado a un 46,2% de este segmento. La asociación también recalca la insuficiencia de la medida, ya que actualmente hay en España 8.260.000 personas en riesgo de pobreza y el IMV solamente llega a una fracción de ellas.
Además, la asociación ha recogido datos que indican que en abril 589.948 familias se beneficiaron del IMV, lo que representa a 1.771.480 personas. De estas, solo 392.902 hogares reciben la renta básica de subsistencia, la cual se dirige a familias con ingresos por debajo de la renta garantizada.
Frente a estos resultados, la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales aboga por una integración más efectiva del IMV en la gestión de los servicios sociales de atención primaria, sugiriendo que esto podría mejorar significativamente la cobertura y el acceso a la prestación. Critican la falta de coordinación por parte del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y condenan el «laberinto burocrático» que impide que muchas familias vulnerables obtengan el apoyo económico que necesitan, especialmente en tiempos de crisis social. El colectivo señala que una mejor coordinación hubiera facilitado el acceso al IMV y mejorado la situación económica de muchas familias afectadas por la vulnerabilidad y la precariedad.
