Declaración judicial y acusaciones en el Juzgado de Instrucción de Badajoz
El pasado jueves 9 de enero, David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, compareció ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. Durante una declaración de hora y media, respondió a preguntas relacionadas con su contratación como coordinador de los conservatorios de Badajoz y, posteriormente, como jefe de la oficina de artes escénicas. Entre los temas abordados, destacaron si Sánchez cumplía con la formación requerida y si desempeñó plenamente sus funciones.
Negación de irregularidades y apoyo institucional
Sánchez negó cualquier irregularidad en su contratación, asegurando que su acceso al puesto fue legítimo. Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, defendió la legalidad del proceso y calificó la investigación como “un intento de la extrema derecha de politizar la justicia”. Gallardo afirmó no haber conocido a Sánchez antes de su contratación: “Me enteré cuando vi su nombre en la lista de admitidos”.
La jueza Beatriz Biedma, encargada del caso, investiga posibles delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias, entre otros. Según informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el puesto de Sánchez habría sido creado de manera “apresurada”, aunque no se identificó a los responsables de esta decisión.
Alegatos de Sánchez sobre su contratación y funciones
En su declaración judicial, Sánchez afirmó haber encontrado la oferta de trabajo “a través de un buscador de internet”, negando cualquier vínculo previo con miembros de la Diputación de Badajoz o del PSOE extremeño. Añadió que su experiencia profesional estaba principalmente vinculada al extranjero y que no tenía relación con la política local.
Respecto a su desempeño laboral, Sánchez admitió desconocer la ubicación exacta de su oficina, asegurando que trabajaba mayoritariamente desde su domicilio y asistía presencialmente solo cuando era necesario. También afirmó no disponer de un despacho fijo, utilizando distintas instalaciones públicas según requerimientos.
Investigación en curso y falta de pruebas
Aunque Manos Limpias ha denunciado un presunto enriquecimiento ilícito de más de un millón de euros, hasta la fecha no se han encontrado pruebas que sustenten estas acusaciones. El caso sigue bajo investigación judicial, con la jueza Biedma y la UCO analizando los detalles del proceso de contratación y la gestión administrativa de la Diputación de Badajoz.
La resolución del caso determinará si hubo irregularidades en la contratación de Sánchez o si el proceso se ajustó a las normativas vigentes. Por ahora, las declaraciones y la falta de evidencias definitivas mantienen el caso en el foco de la opinión pública y de las investigaciones judiciales.
