Grupo Griñó, la empresa responsable de la gestión del vertedero de Almonacid del Marquesado, se encuentra en el centro de una investigación liderada por la Guardia Civil sobre presuntas irregularidades en el traslado transfronterizo de residuos provenientes de Italia. En respuesta a estas acusaciones, el grupo ha emitido un comunicado en el que rechaza «de forma categórica» las imputaciones dirigidas hacia sus empleados y las entidades del conglomerado.
Fundado en 1933, Griñó es un grupo familiar especializado en la gestión y tratamiento de residuos y servicios medioambientales. En su declaración, la empresa sostiene que la actividad de traslado de residuos transfronterizos representa «menos del 2,5% del total de la actividad del Grupo» y se enmarca dentro de un proceso legal. Para poner en contexto, la empresa menciona que en Cataluña se importan anualmente hasta dos millones de toneladas de residuos, y alrededor de 38 empresas operan en este ámbito, siendo el traslado de 40.000 toneladas al año por parte de Griñó una práctica común en el sector.
Griñó destaca que cuenta con las debidas autorizaciones y permisos de las Administraciones Públicas para la gestión de residuos y el traslado de residuos procedentes de otros países europeos. Además, asegura estar sujeta a inspecciones y controles regulares por parte de las autoridades.
En lo que respecta a los residuos importados desde Italia, la firma ha afirmado que «en ningún caso se trata de materiales o residuos tóxicos, ni peligrosos para la salud o el medio ambiente». La empresa ha expresado su respeto hacia el proceso judicial y ha manifestado su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos. Sin embargo, ha cuestionado la veracidad de las informaciones divulgadas por los medios, indicando que algunas valoraciones del informe policial carecen de fundamento.
Grupo Griñó también ha hecho referencia a un comunicado de la Agència de Residus de Catalunya, que revela que en las plantas de residuos de Constantí y Riba-roja se han llevado a cabo 55 inspecciones en dos años sin que se hayan encontrado residuos no autorizados. La empresa ha reafirmado su compromiso con la legalidad y ha declarado que el proceso judicial demostrará que su actividad empresarial se ajusta a la normativa vigente, mientras que las acusaciones realizadas «dañan gravemente su reputación» y ha decidido no ofrecer más comentarios por respeto al proceso judicial en curso.
