El Gobierno, junto a las comunidades autónomas, ha concretado el reparto de 142,5 millones de euros para el Plan Corresponsables en la reciente Conferencia Sectorial de Igualdad, un acuerdo que ha suscitado críticas a raíz de lo que se considera un «recorte» en estas políticas, gestionadas por el departamento de Ana Redondo.
En la reunión, el Consejo de Ministros aprobó la asignación de los mencionados fondos, con la nueva distribución que implica que, a partir de ahora, el Ministerio de Igualdad asumirá el 75% de la financiación, mientras que las comunidades autónomas deberán proporcionar el 25% restante. Esta modificación ha generado un descontento notable entre las comunidades, que interpretan la medida como un ajuste en las inversiones dedicadas a las políticas de igualdad.
Fuentes de las consejerías informaron a Europa Press que, en la votación, Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha apoyaron la propuesta, mientras que el resto de las comunidades optó por la abstención. La falta de un consenso sobre los términos del Plan podría haber obligado a reprogramar la Conferencia Sectorial si no se alcanzaba un acuerdo.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, defendió el Plan Corresponsables subrayando su relevancia, cuyo objetivo radica en mitigar la brecha de género en el ámbito de los cuidados y redistribuir responsabilidades que, tradicionalmente, han recaído en las mujeres. Redondo destacó que se han realizado mejoras en términos de cogobernanza y transparencia, además de asegurar que no hay «merma de financiación» en las políticas de igualdad.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Igualdad enfatizó que los recortes en comparación con los 190 millones de euros del año 2021 responden a ajustes necesarios basados en la efectividad de la implementación de los recursos durante los últimos cuatro años.
El Plan Corresponsables, que tuvo su inicio en 2021 como un programa piloto, ha evolucionado hacia una política pública que reconoce el derecho al cuidado de menores y a la conciliación como componentes esenciales del Estado del bienestar, desde una perspectiva de igualdad entre géneros. Este programa opera bajo el marco jurídico establecido por la Ley Orgánica 3/2007 y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, así como las directrices de la Estrategia Europea de Cuidados de 2022, y tiene como fundamento garantizar derechos universales, sin importar la situación laboral de los beneficiarios.
