Unas 160.000 personas fueron arrestadas en dieciocho meses, entre ellas mujeres embarazadas, en medio de los repetidos decretos de emergencia emitidos tras el intento de golpe de estado el 15 de julio de 2016 y una serie de ataques terroristas. Esto ha facilitado la erosión del estado de derecho y puede tener repercusiones duraderas en el tejido institucional y socioeconómico del país, dice la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Un nuevo informe detalla extensas violaciones de los derechos humanos durante los prolongados estados de emergencia en Turquía.
“Mientras que la Oficina de Derechos Humanos reconoce los complejos desafíos que Turquía enfrentó al abordar el intento de golpe de estado del 15 de julio de 2016 y una serie de ataques terroristas, la gran cantidad, frecuencia y falta de conexión de varios decretos a cualquier amenaza nacional parece señalar el uso de poderes de emergencia para sofocar cualquier forma de crítica o disidencia frente al Gobierno “, dice la investigación publicada este martes.
Al menos 160.000 personas fueron arrestadas durante un estado de emergencia de dieciocho meses; 152.000 funcionarios fueron despedidos, muchos de manera arbitraria, al igual que maestros, jueces y abogados; trescientos periodistas fueron arrestados, y muchos medios de comunicación y páginas de internet resultaron cerrados o bloqueados.
“Claramente los sucesivos estados de emergencia declarados en Turquía han sido utilizados para restringir severa y arbitrariamente los derechos humanos de un gran número de personas”, ha dicho el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
Zeid expresó su alarma ante una de las conclusiones del informe que denuncia que las autoridades turcas detuvieron a cien mujeres que estaban embarazadas o acababan de dar a luz al ser asociadas con sus maridos sospechosos de estar conectados a organizaciones terroristas.
“Algunas fueron detenidas con sus hijos y otras violentamente separadas de ellos. Esto es simplemente escandaloso, absolutamente cruel, y no tiene nada que ver con hacer que el país sea más seguro “, dijo.
Despedidos, arrestados y hasta torturados
Veintidós decretos de emergencia fueron promulgados a finales de 2017, con diversos asuntos reguladores no relacionados con el estado de emergencia y utilizados para limitar diversas actividades legítimas de los actores de la sociedad civil. Los decretos también fomentan la impunidad, otorgando inmunidad a las autoridades administrativas, señala el informe.
Aquellos funcionarios despedidos de sus trabajos perdieron sus ingresos, beneficios sociales, seguro médico e incluso sus hogares, ya que varios decretos estipulan que los servidores públicos deben ser desahuciados.
“Dado que el objetivo declarado del régimen de emergencia era restablecer el funcionamiento normal de las instituciones democráticas, no está claro cómo las medidas como el desalojo de las familias de los funcionarios públicos de la vivienda pública pueden contribuir a este objetivo”, dice el informe.
Alrededor de trescientos periodistas fueron arrestados con el argumento de que sus publicaciones suponían apología del terrorismo o por otras acusaciones como la de pertenencia a organizaciones terroristas. Además, más de 100.000 páginas web fueron bloqueadas en 2017, incluido un gran número de plataformas pro-kurdas y canales de televisión por satélite.
La investigación documenta el uso de la tortura y los malos tratos bajo custodia, incluidas palizas, amenazas de agresión sexual y abusos, descargas eléctricas y asfixia por parte de la policía, la gendarmería, la policía militar y las fuerzas de seguridad.
Se debe poner fin al estado de emergencia
El informe subraya que las medidas que restringen los derechos durante un estado de emergencia deben “limitarse en la medida estrictamente requerida por las exigencias de la situación, lo que significa que deben ser proporcionales y limitarse a lo necesario en términos de duración, cobertura geográfica y alcance material “.
La ONU recomienda a Turquía que ponga fin de inmediato al estado de emergencia, restaure el funcionamiento normal de sus instituciones y que revise toda la legislación que no cumpla con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluidos los decretos de emergencia. También hace hincapié en la necesidad de garantizar revisiones e indemnizaciones independientes e individualizadas para las víctimas de detenciones arbitrarias y despidos.
Situación en el sudeste del país
El informe también señala continuas denuncias de violaciones de derechos humanos en el sudeste de Turquía, entre ellas asesinatos, torturas, violencia contra las mujeres, uso excesivo de la fuerza, destrucción de viviendas y patrimonio cultural, prevención del acceso a la atención médica, agua potable y medios de subsistencia y severas restricciones del derecho a la libertad de expresión.
Los abusos ocurrieron en el contexto de las operaciones de seguridad en la región entre 2015 y 2016 y el país ha fallado “consistentemente” en llevar a cabo investigaciones criminales creíbles sobre los hechos y según Zeid, es motivo de preocupación que el Ministerio de Defensa haya dicho que “10.657 terroristas fueron neutralizados”, sin explicar el significado de la palabra o brindar información detallada.
“Insto al Gobierno de Turquía a garantizar que estas denuncias de violaciones graves de los derechos humanos se investiguen y que los responsables comparezcan ante la justicia”, dijo el Alto Comisionado. “Una vez más, pido al Gobierno que otorgue a mi oficina acceso total y sin restricciones para poder evaluar directa, independiente y objetivamente la situación de los derechos humanos en el sureste del país”.
La investigación se basa en la información reunida y verificada a través de entrevistas con ciento cuatro víctimas, testigos y familiares de las víctimas; un análisis de información gubernamental; así como documentos de fuente abierta, imágenes satelitales y material audiovisual, entre otros materiales relevantes y confiables.
Fuente: https://news.un.org
