El Ministerio de Sanidad ha anunciado su posición respecto a las víctimas de efectos adversos graves de la vacuna Spikevax-covid 19 de Moderna, argumentando que la vacunación se realizó de forma voluntaria y con pleno consentimiento informado. En este sentido, asegura que no se les puede atribuir responsabilidad patrimonial a las administraciones públicas por los daños sufridos. Este anuncio ha desencadenado una ola de reacciones, especialmente entre aquellos afectados por miocarditis post-vacunación, quienes han cuestionado la adecuación de la información proporcionada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) sobre los riesgos asociados.
La controversia ha llevado a plantear cuestionamientos legales sobre la responsabilidad y solidaridad de la sociedad ante los riesgos inherentes a los programas de vacunación. Luis María Pardo, abogado representante de una de las víctimas, ha invocado precedentes del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estos argumentan que los daños resultantes de los riesgos asociados a la vacunación deberían ser asumidos por la sociedad en lugar de los individuos perjudicados, poniendo en tela de juicio el argumento del consentimiento informado y sugiriendo la necesidad de revisar las políticas de compensación hacia un enfoque más solidario y equitativo.
Mientras tanto, las víctimas y sus familias continúan esperando una resolución a las demandas, que ascienden a dos millones de euros y que llevan estancadas más de dos años. La prolongada espera y la sensación de abandono por parte de las autoridades sanitarias, bajo la dirección de Mónica García, ha exacerbado la desconfianza hacia el sistema, destacando la urgente necesidad de transparencia y eficiencia en el manejo de los efectos adversos de las vacunas y de establecer un sistema de compensación justo y accesible.
