El Gobierno regional y la Federación Española de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP CLM) han suscrito hoy un convenio de colaboración para formar a cargos electos y personal de las entidades locales en prevención y concienciación contra la violencia de género, una actuación con la que se pretende constituir una red de entidades locales contra este profundo problema estructural social e impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los municipios de la región.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina; y la presidenta de la FEMP CLM, Tita García Élez; han firmado hoy este convenio de colaboración, en un acto que ha tenido lugar en el Palacio de Fuensalida y que ha conducido la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández.
Durante su intervención, Ruiz Molina ha explicado que los objetivos de este acuerdo son dar continuidad a las actividades formativas del convenio anterior, que entró en vigor en octubre de 2019, y ofrecer información y asesoramiento a las entidades locales desde la FEMP CLM.
Y ha concretado que la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Viceconsejería de Administración Local Coordinación Administrativa, aportará para el desarrollo de estas actividades formativas 200.000 euros, que se financiarán con recursos procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, lo que supone un incremento del 33 por ciento respecto a los 150.000 euros del acuerdo suscrito hace dos años.
El consejero ha asegurado que este aumento en la financiación también permite introducir dos novedades. Por un lado, la elaboración de un código ético en materia de igualdad y contra la violencia de género, que estaría dirigido, principalmente, a los cargos electos y a las empleadas y empleados públicos de entidades locales, Policía Local y asociaciones que trabajen de forma directa con mujeres víctimas de violencia de género de su ámbito territorial y que hayan asistido previamente a estas actividades formativas.
Y, por otro, la realización de un estudio de viabilidad para la implantación y el desarrollo de una red de entidades locales de prevención de la violencia de género en Castilla-La Mancha, orientada a ofrecer respuestas que permitan construir un marco único de intervención, a la que podrán ir adhiriéndose aquellas entidades locales que hayan recibido formación. “En definitiva, con este convenio reforzamos todas las actividades de prevención, concienciación y lucha contra todas las manifestaciones de violencia de género que se puedan producir en la Comunidad Autónoma”, ha enfatizado Ruiz Molina.
Colaboración con los ayuntamientos
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas también ha subrayado que este convenio cumple con dos compromisos del presidente regional, Emiliano García-Page; ya que refuerza la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con los ayuntamientos e impulsa la actuación transversal en políticas de igualdad por parte del Gobierno regional.
Además, ha resaltado que las actuaciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en materia de prevención de la violencia de género no finalizan con este acuerdo y ha recordado que, desde 2015, se ha formado a más de 1.500 empleadas y empleados públicos en materia de prevención de la violencia de género; conocimientos que también se han impartido a integrantes de los grupos que forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil, fundamentalmente, voluntarios y voluntarias de Protección Civil y policías locales.
En el ámbito del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2, Ruiz Molina se ha referido a la colaboración con el Instituto de la Mujer para prestar una atención integral a cualquier víctima de la violencia de género que llame a este teléfono y ha destacado el trabajo que desarrollan sus profesionales, que, en los últimos seis años, han atendido más de 12.000 llamadas en este sentido.
Finalmente, el consejero ha enumerado algunas de la actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en esta materia, como la constitución de la Comisión de Igualad, junto con el Instituto de la Mujer, para incorporar la perspectiva de género en las decisiones de carácter económico; la aprobación del II Plan Concilia y la firma de un acuerdo con la Administración del Estado para facilitar la movilidad de las empleadas públicas que hayan sido objeto de la violencia de género.
A esto hay que sumar la puesta en marcha de un protocolo para la prevención, identificación y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en el lugar de trabajo en la Administración de la Junta y la aprobación del II Plan de Igualdad de oportunidades para empleadas y empleados públicos de la Administración regional, con el objetivo de impulsar la igualdad efectiva en el empleo público, y que incluye un importante conjunto de medidas sobre para la prevención y sensibilización sobre violencia de género.
Administraciones por la igualdad y contra la violencia de género
Por su parte, la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha puesto en valor la reedición de este convenio que permite continuar la formación, sensibilización y especialización durante un año más en materia de violencia de género ya que está dando un “magnífico resultado”, tal como lo demuestran las acciones formativas y el número de personas formadas.
A esta razón, Blanca Fernández ha añadido los nuevos objetivos marcados como la asistencia y el apoyo constante a los ayuntamientos para dar respuesta a las inquietudes y preguntas de las personas formadas, tanto a nivel técnico como político, a la hora de diseñar políticas de igualdad y luchar contra la violencia machista. Algo que en la práctica se venía haciendo y así lo refleja el hecho de que se hayan multiplicado por 20 las peticiones para hacer planes de igualdad y planes estratégicos municipales, ante lo que el Gobierno regional ha incrementado el presupuesto “para dar respuesta en la medida de sus posibilidades a todo el mundo que fuera posible”.
En resumen, ha dicho la consejera, “las administraciones se involucran de verdad en el día a día para favorecer la igualdad real y material entre mujeres y hombres y también para luchar contra la violencia machista, no solo de una manera más abstracta, como puede ser desde el ámbito de la sensibilización, sino también desde una manera concreta para articular medidas mejor coordinadas entre administraciones y más eficaces en la respuesta”.
En ese sentido, Blanca Fernández ha destacado que el Instituto de la Mujer destina más de 20 millones de euros a proteger a las víctimas, a rehabilitarlas, a que puedan salir del círculo de la violencia y pasen de ser víctimas a supervivientes y también a la sensibilización.
“A todo esto le dedicamos más de 20 millones de euros y lo hacemos con la convicción de que el granito de arena que se pone hoy o que se puso ayer es muy importante para el mañana”, y ha aportado el siguiente dato al respecto: el año previo al inicio de las estadísticas oficiales, 91 mujeres fueron asesinadas en España. Frente a esta cifra, en los últimos años “hemos conseguido una reducción muy importante de ese número de asesinatos, la media hoy se sitúa en 50, lo que es extremadamente grave, pero supone prácticamente la mitad que aquella cifra, por tanto, “todos los esfuerzos que llevamos desarrollando las últimas dos décadas han sido muy importantes, han protegido muchas vidas”.
Y aunque no se pueden cuantificar las vidas protegidas, la consejera ha querido incidir en “algo que repetimos de manera muy machacona desde el Gobierno de Emiliano García- Page y es que en los últimos 20 años hemos protegido a través de los recursos de acogida a 15.500 mujeres sus hijos e hijas. 15.500 personas que han tenido que salir huyendo de sus casas porque no tenían vida o porque temían directamente por su vida y no les hemos pedido ningún papel, no les hemos pedido ninguna denuncia, no les hemos pedido ninguna prueba”.
Por su parte, García Élez ha agradecido la confianza depositada por el Gobierno regional en los municipios de Castilla-La Mancha, que se asume por parte de la Federación con el compromiso de que “los pueblos y ciudades de la Comunidad estén libres de violencia de género”. Igualmente, ha puesto en valor que a través de esta firma se estén “dando los instrumentos a los 919 municipios de la región para que cuando un vecino o vecina llame a la puerta de su Ayuntamiento, sea bien atendido y se sepa cómo atajar este problema y asesorar” en ese sentido.