El Gobierno de Castilla-La Mancha ha remitido una carta a la vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, solicitando la actualización de las normas reguladoras del Acueducto Trasvase Tajo-Segura. Esta petición surge a raíz de la entrada en vigor de los planes hidrológicos de competencia del Estado el pasado 10 de febrero de 2023, lo que exige una adecuación de la normativa sobre esta infraestructura a la nueva planificación.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha manifestado su preocupación por la falta de información sobre los informes técnicos solicitados al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) por el Ministerio, necesarios para los ajustes en las normas de explotación. Asimismo, ha subrayado la necesidad de tomar una decisión que cumpla con los caudales mínimos establecidos en el Plan Hidrológico del Tajo.
En este sentido, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado su disposición a participar en la futura reunión técnica entre el Ministerio y las comunidades autónomas, enfatizando la importancia de no considerar la petición de cambiar los caudales ecológicos, ya que están aprobados y no tienen vuelta atrás.
La consejera Mercedes Gómez ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha logrado importantes avances en la implantación de caudales ecológicos en varios tramos del río, así como en la modificación de la regla de explotación que ha supuesto una reducción del 29% de los trasvases. No obstante, se ha solicitado una mayor transparencia en la publicación de los datos correspondientes a los caudales ecológicos por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Además, se ha instado a que se cumpla la planificación hidrológica vigente, se implanten progresivamente los caudales ecológicos propuestos y se realicen nuevas normas de explotación del Acueducto Trasvase Tajo-Segura acorde con la nueva planificación, sin disminuir los recursos y las disponibilidades de la cuenca cedente.
La consejera ha criticado las peticiones de agua del Tajo por parte de otras regiones, señalando el derroche en el uso de agua para regadío y el desperdicio de recursos. En este sentido, ha enfatizado la necesidad de agua para el desarrollo, la protección de los espacios naturales y la lucha contra la despoblación en ciertas áreas.
Finalmente, se ha mencionado la activación del trasvase Júcar-Vinalopó, que está provocando una restricción de recursos sin considerar las necesidades de La Mancha oriental. Se ha instado a modificar las reglas para tener en cuenta la necesidad de los territorios, la protección ambiental y las consecuencias del cambio climático en el recurso hídrico.
