El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa la modificación de la Ley de Agricultura Familiar
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado la modificación de la Ley de Agricultura Familiar de la región con el objetivo de brindar «seguridad y certeza» frente a la «demagogia» y asegurar que la cesión al Banco de Tierras será exclusivamente de uso y nunca de propiedad.
La modificación se llevará a cabo durante la tramitación de la Ley de Acompañamiento a la Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2024, con el propósito de contar con «la mejor Ley de Agricultura Familiar de España». Según la consejera Portavoz, Esther Padilla, esta modificación fue pactada con las organizaciones agrarias, con el fin de salvaguardar la ley de posibles bulos y desinformación.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Agricultura Familiar de Castilla-La Mancha en abril de 2023, el Gobierno ha asegurado que no ha expropiado ninguna tierra a ningún propietario, ni tiene planeado hacerlo en el futuro. La modificación de la ley establece claramente que la cesión al Banco de Tierras será exclusivamente de uso y que se realizará con la correspondiente compensación y previa tramitación del expediente.
Con esta modificación, se busca mantener la condición de las tierras agrícolas y facilitar el relevo generacional en el sector. La consejera Portavoz ha reiterado que no ha habido ni habrá expropiaciones y ha desmentido las afirmaciones del Partido Popular sobre este tema.
En otro orden de asuntos, la consejera también se refirió al tema del agua y destacó la solidaridad de la región con el Levante durante los últimos sesenta años a través del trasvase Tajo-Segura. Asimismo, anunció la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha para fortalecer la participación de los ayuntamientos en la tramitación de proyectos que se ubiquen en sus municipios.
En resumen, con estas modificaciones, el Gobierno regional busca mejorar la normativa, potenciar la participación de las organizaciones agrarias y los ayuntamientos, y garantizar un desarrollo sostenible en el sector agrícola de Castilla-La Mancha.
