En un contexto de dinámicas complejas en la financiación autonómica, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado una propuesta contundente para modificar la regla de gasto aplicada a los servicios públicos de competencia de las comunidades autónomas, al mismo tiempo que exige un nuevo modelo de financiación que respete el principio de igualdad. El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, expresó estas ideas durante las XIII Jornadas de la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España, celebradas en Valencia.
Ruiz Molina, quien estuvo acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández, se unió a un debate con sus homólogos de la Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia, donde se discutió la trayectoria del gasto en las comunidades y su impacto en la prestación de servicios públicos fundamentales. El consejero subrayó la importancia de este tipo de foros para evaluar el cumplimiento de las reglas fiscales actuales, como la regla de gasto, que afecta directamente a la capacidad de las autonomías para gestionar sus recursos.
Un tema crucial en la intervención de Ruiz Molina fue la oposición al principio de ordinalidad propuesto en las negociaciones del nuevo modelo de financiación autonómica, que favorece a las comunidades con mayor capacidad económica. «No entendemos cómo se puede defender que aquellas regiones con más recursos tengan derecho a más financiación», argumentó el consejero, quien enfatizó que esta lógica implicaría desigualdades en el acceso a servicios públicos esenciales, como la sanidad, basadas en la capacidad de pago de los ciudadanos.
Para el Gobierno de Castilla-La Mancha, el nuevo modelo de financiación debe garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos para todos los ciudadanos, independientemente de su origen económico. Ruiz Molina abogó por una financiación equitativa por habitante y reclamó que las diversas comunidades autónomas prioricen los intereses de sus ciudadanos sobre las demandas particulares de cada región.
El consejero también expresó su desacuerdo con las negociaciones bilaterales entre el Gobierno central y la Generalitat en relación con el modelo de financiación, afirmando que las decisiones sobre recursos que impactan a todas las comunidades deben tomarse de manera multilateral. Esta crítica apuntala la necesidad de que todos los territorios sean parte del diálogo y se sientan representados en las decisiones que afectan su financiamiento.
Respecto a la evolución del gasto autonómico y su alineación con las reglas fiscales, Ruiz Molina sugirió que la regla de gasto debería ser revisada en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Proponiendo un análisis diferenciado del gasto, el consejero destacó que no todos los tipos de gasto —como en sanidad, educación y servicios sociales— crecen de la misma manera, lo que hace necesaria una reflexión sobre cómo se aplican las reglas en función del tipo de gasto.
En conclusión, la intervención del consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha pone de relieve la necesidad de una reforma en el modelo de financiación autonómica que no solo aborde la equidad en la distribución de recursos, sino que también considere las particularidades del gasto público en las diferentes comunidades. Así, se busca garantizar que todos los ciudadanos tengan derecho a acceder a servicios fundamentales de manera justa y equitativa.
