Viso del Marqués (Ciudad Real), 13 de marzo de 2026.-
El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha mostrado muy crítico con el nuevo trasvase que hoy ha sido aprobado por la Comisión de Explotación, puesto “que dilapida el 11% el almacén de agua embalsada que hay en estos momentos en Entrepeñas y Buendía”.
Así lo ha indicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras conocerse que son 180 los hectómetros cúbicos aprobados para trasvasar en los próximos tres meses, “gracias a las actuales reglas de explotación, con las que no estamos de acuerdo y cuya aplicación significa que los embalses de cabecera pueden perder las reservas que habían acumulado”, una circunstancia que podría repetirse en meses sucesivos, aprobando trasvases a razón de 60 hectómetros cúbicos al mes hasta el final del año hidrológico con la actual coyuntura.
En este sentido, Gómez ha recalcado que “el agua es un recurso escaso que tenemos en todos los territorios y cuando falta y se refleja en informes desfavorables afecta negativamente tanto a las inversiones como a los desarrollos de Castilla-La Mancha”, por lo tanto, “no lo vamos a admitir”, ha subrayado.
Al respecto, la responsable del Ejecutivo autonómico ha recordado que, además, quedan más de 135 hectómetros cúbicos pendientes de trasvasar y que, con la actual situación, “no hay capacidad técnica ni sostenible para poder llevar esos recursos al Levante y a Murcia, más teniendo en cuenta que en estos momentos el Levante y Murcia no necesitan estos recursos al no tener capacidad de almacenamiento”.
Por este motivo, “no entendemos cómo el Gobierno de España está permitiendo esta situación sin que se tengan en cuenta medidas de sostenibilidad, cuestiones que, por otro lado, el Partido Popular está encantado de que sean así”.
Gómez ha concluido destacando que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha “no estamos conformes, creemos que se están perdiendo todas las oportunidades para modificar las reglas de explotación del trasvase y nos reafirmamos en la necesidad de establecer una demanda judicial por incumplimiento del Real Decreto de la Planificación Hidrológica del Tajo que se aprobó en 2023 y que el Gobierno central está incumpliendo día sí y día no”.
