Toledo, 5 de junio de 2025.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido un sistema fiscal equitativo, cuyo objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos de la región. Esta postura fue expuesta por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante su intervención en el debate general sobre política fiscal en el Pleno de las Cortes regionales.
Ruiz Molina destacó que la administración encabezada por Emiliano García-Page se compromete a asegurar el principio de igualdad de acceso al Estado de Bienestar, una meta que solo puede alcanzarse mediante un sistema impositivo donde los más favorecidos contribuyan a mejorar la vida de aquellos que menos tienen.
El consejero subrayó que el Gobierno actúa con responsabilidad y lealtad a sus compromisos, mencionando la congelación de la presión fiscal y la implementación de un paquete de desgravaciones dirigidas a familias, jóvenes y sectores vulnerables. Este enfoque ha permitido, según Ruiz Molina, no solo recuperar, sino también consolidar los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía.
Ruiz Molina también resaltó la transparencia del Gobierno en relación con la recaudación fiscal, aclarando que es fundamental que los ciudadanos contribuyan en función de su capacidad económica. Además, enfatizó el interés del Ejecutivo por blindar estos servicios esenciales en el nuevo Estatuto.
En contraposición, el consejero criticó al Partido Popular, acusándolo de «carecer de credibilidad fiscal» y de operar con falta de transparencia. Ruiz Molina afirmó que las propuestas del PP esconden “consecuencias desfavorables” y recordó experiencias pasadas donde, a pesar de promesas de reducción de impuestos durante campañas electorales, estos fueron incrementados en los gobiernos que administraban.
El consejero advirtió que el «populismo fiscal» del PP podría dañar en mayor medida a las personas con menos recursos, ya que las rebajas fiscales propuestas están pensadas para beneficiar únicamente a quienes tienen mayor capacidad económica. Según sus cálculos, estas medidas podrían traducirse en una reducción de ingresos públicos que afectaría significativamente la administración regional, con un impacto negativo estimado de más de 300 millones de euros.
Con estas declaraciones, el Gobierno de Castilla-La Mancha reafirma su compromiso con un sistema fiscal que respete la igualdad y promueva la justicia social, mientras que critica las políticas de oposición que, a su juicio, desatienden las necesidades de los más vulnerables.
