El Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado la decisión de presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra del régimen de reparto del nuevo impuesto sobre la banca, según lo establecido en la Ley 7/2024, aprobada el 20 de diciembre. Esta medida responde a consideraciones sobre la injusticia y arbitrariedad del criterio de distribución, que se basa en el Producto Interior Bruto (PIB), y que, según las autoridades regionales, se ha implementado «a espaldas de las comunidades autónomas» y nunca antes se había utilizado en España.
El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, hizo pública esta intención en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida, en Toledo. Ruiz Molina estuvo acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández, quien también participó en la evaluación de los estudios jurídicos realizados por el gabinete de la Junta y el Consejo Consultivo, ambos coincidiendo en que la ley presenta posibles tachas de inconstitucionalidad, especialmente en lo que respecta al reparto de la recaudación.
El consejero insistió en que el cuestionamiento no radica en el impuesto en sí, que considera razonable en términos de que quienes poseen más recursos contribuyan más, sino que se centra únicamente en el mecanismo de distribución que favorece a las autonomías con mayor renta, lo que rompe con los principios de equidad y redistribución de la riqueza entre las diferentes regiones.
Durante su intervención, Ruiz Molina enumeró tres argumentos fundamentales que respaldan el recurso de inconstitucionalidad. En primer lugar, el proceso de aprobación de la ley se llevó a cabo de manera unilateral, sin considerar la opinión de las distintas comunidades autónomas, lo que vulnera la autonomía financiera estipulada en el artículo 156.1 de la Constitución. En segundo lugar, argumentó que la implementación de un nuevo criterio de atribución de recursos debería haber sido tramitada como ley orgánica, en lugar de una ley ordinaria, incumpliendo así la reserva de ley orgánica en materia de financiación según lo requerido por el artículo 157.3 de la Constitución. Finalmente, el tercer motivo subraya que este criterio de distribución infringe el principio de solidaridad, promoviendo desequilibrios en lugar de la convergencia de rentas entre las diversas comunidades autónomas.
La postura del Gobierno de Castilla-La Mancha se fundamenta en un fuerte deseo de defender los intereses de sus ciudadanos. Ruiz Molina concluyó enfatizando que este recurso no se presenta como una confrontación contra el gobierno central, sino como una defensa de los intereses de la región, independiente del color político del gobierno en el poder. Destacó que la lealtad institucional y la equidad son valores fundamentales que deben guiar las acciones de las instituciones.
