La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas somete a consulta pública previa la elaboración del anteproyecto de Ley que servirá para regular la actividad del juego en Castilla-La Mancha desde hoy y hasta el próximo 28 de marzo, periodo en el que cualquier ciudadano, organización y asociación que lo considere puede hacer llegar sus aportes al respecto.

El Gobierno regional llama a consulta pública para el anteproyecto de Ley para regular la actividad del juego en Castilla-La Mancha 1

Tal como se indica en la consulta pública previa, a la que se puede acceder desde el sitio web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o a través del Portal de Transparencia, cualquier observación puede remitirse en el plazo de 20 días naturales al correo electrónico dgtributos@jccm.es.

La actual Ley del Juego de Castilla-La Mancha, que fue aprobada en 2013, facilitó la proliferación de los establecimientos de juego en la región, y esto generó en los últimos años una preocupación creciente desde el punto de vista social, por la repercusión negativa de la actividad en determinados colectivos, como son menores de edad y personas con problemas de adicción.

El Gobierno de Castilla-La Mancha pretende aprobar una nueva legislación acerca de la materia, atendiendo la demanda social que reclama un mayor nivel de proyección de los grupos más vulnerables ante la actividad del juego, articulando una serie de instrumentos que ordene el sector, permitiendo que el ejercicio de la actividad sea moderado, proporcionado y responsable.

De esta manera, la futura normativa regional sobre el juego buscará corregir las externalidades negativas que la actividad del juego genera en la sociedad, poniendo el énfasis en la prevención, en el fomento del juego responsable y en la inspección y control del sector.

Por lo tanto, el desarrollo mucho más controlado en el sector, adecuando la oferta a la demanda; el impulso a las políticas de juego responsable, reduciendo los efectos negativos de su práctica o de su publicidad; la protección a los colectivos más vulnerables, como menores de edad y personas con problemas de adicción, y una mayor actividad de inspección y control en el sector del juego son los objetivos básicos que fija el Ejecutivo autonómico para las políticas públicas que deben regir esta materia.