El Gobierno de Castilla-La Mancha ha exigido un mayor control sobre su autonomía financiera y una transparencia efectiva en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica. Esta petición se hace eco de las inquietudes manifestadas por el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, en una reciente rueda de prensa celebrada en Toledo, donde se abordaron los resultados del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en Madrid.
Durante la comparecencia, Ruiz Molina subrayó la necesidad de que las comunidades autónomas no queden a merced de los cambios políticos provenientes de Madrid. Uno de los puntos que más preocupan es la presión que sienten las autonomías por tener que establecer los objetivos de estabilidad a estas alturas del año, especialmente cuando el proceso de elaboración del presupuesto para 2026 ya está en marcha. «Algo no está funcionando bien», aseguró, al referirse a la falta de información crucial para la confección adecuada de los presupuestos.
En relación con los objetivos de déficit propuestos para los próximos años, Ruiz Molina indicó que Castilla-La Mancha ha votado a favor del 0,1 por ciento del PIB para el periodo 2026-2028, a pesar de que el alto nivel de endeudamiento local plantea riesgos adicionales. «Es preferible no aumentar la deuda, lo que limitaría nuestra capacidad de gasto en el Estado del Bienestar», agregó.
Otro aspecto relevante abordado en la reunión fue la situación de la financiación de las comunidades autónomas. A este respecto, el consejero criticó la falta de documentación que acompañara la discusión, afirmando que solo se contaba con la información proporcionada por los medios de comunicación. Sin embargo, resaltó como un avance que el Gobierno central liderará la creación de un nuevo sistema de financiación.
Ruiz Molina también expresó su preocupación por cómo se han manejado las negociaciones, subrayando que la falta de diálogo con todas las comunidades es una señal de que se están priorizando acuerdos bilaterales, en lugar de buscar consensos amplios. De hecho, cuestionó la lógica detrás de la reciente solicitud de la ministra de Hacienda a partidos políticos, planteando que la financiación debe ser un asunto que trascienda los intereses partidistas.
La conversación también tocó la necesidad de garantizar que los recursos se distribuyan equitativamente, lo cual es fundamental para asegurar el acceso igualitario a servicios públicos esenciales para todos los ciudadanos. El consejero enfatizó que no se permitirán privilegios para ninguna comunidad y que es esencial mantener la solidaridad interterritorial en la distribución de la riqueza.
Así, ante las incertidumbres que rodean la futura financiación autonómica, el Gobierno regional se mantiene firme en su postura de exigir un marco justo que priorice la igualdad en el acceso a servicios, reafirmando su compromiso con la colaboración y el diálogo. «Pese al escepticismo sobre el avance de estas negociaciones, seguiremos solicitando un fondo transitorio de financiación para compensar a las comunidades que están infrafinanciadas», concluyó.
