Madrid, 17 de noviembre de 2025.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado su preocupación por el retraso en la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2025 y la falta de información relacionada con los asuntos tratados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, enfatizó la gravedad de esta situación en declaraciones a los medios de comunicación antes de la reunión de este órgano, presidido por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Ruiz Molina subrayó que la falta de claridad sobre aspectos fundamentales, como el incremento retributivo de los empleados públicos, dificulta la elaboración de los presupuestos autonómicos, que deberían entrar en vigor el 1 de enero. Además, cuestionó la eficacia del sistema actual al señalar que “algo no funciona”, considerando que las comunidades autónomas deben tener acceso efectivo al “principio de autonomía financiera” en lugar de estar a merced de las decisiones que provienen de Madrid.
El consejero también indicó que, pese a que el Gobierno regional trabaja bajo la premisa de que los presupuestos deben presentarse con datos precisos, “lo que es bueno para el Gobierno nacional resulta perjudicial para las comunidades autónomas”. Esta situación se ve agravada por la falta de documentación respecto a la reforma del sistema de financiación autonómica, de la cual, lamentó, no se han recibido informaciones oficiales.
Ruiz Molina reclamó coherencia al Gobierno central, mencionando que mientras se pide una posición conjunta al Partido Popular, hay divisiones dentro del Partido Socialista respecto a la financiación de Cataluña. Reiteró la postura del presidente García-Page, quien ha rechazado un modelo de financiación singular para dicha comunidad. En este sentido, abogó por que el Gobierno de la Nación presente un documento que recoja la “singularidad de todas las comunidades” y fomente consensos que respeten el principio de igualdad en el acceso a servicios públicos.
El consejero rechazó también la idea de un modelo basado en la ordinalidad, considerando que tal enfoque contradice los principios que defiende su partido. Además, reiteró la necesidad de un fondo transitorio de compensación para las comunidades que, según estudios del propio Ministerio de Hacienda, están infrafinanciadas.
