El 26 de marzo de 2025, en un acto que refleja la búsqueda de la excelencia en la administración pública, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha firmado un protocolo general de actuaciones junto al Gobierno de Aragón y las universidades de ambas comunidades. La meta de esta colaboración es la profesionalización de los empleados públicos específicamente en el área de contratación en las administraciones autonómicas.
La firma del documento tuvo lugar en Toledo y estuvo a cargo de Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha, y Roberto Bermúdez, consejero de Hacienda, Interior y Administraciones Públicas del Gobierno de Aragón. También participaron Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, y José Antonio Mayoral, representante de la Universidad de Zaragoza. Este esfuerzo conjunto busca fortalecer las capacidades de los funcionarios encargados de la contratación pública y contribuir a la mejora de la calidad del servicio público.
El protocolo establece un marco de colaboración interadministrativo e interinstitucional que permitirá implementar diversas actuaciones orientadas a la capacitación de estos profesionales. En concreto, se plantea el diseño de una matriz de competencias conforme al marco europeo de competencias PROCURCOMP y la creación de itinerarios formativos flexibles destinados a mejorar las habilidades del personal de contratación. Asimismo, se prevé un sistema de certificación de resultados utilizando microcredenciales digitales, las cuales serán transferibles en el ámbito europeo.
La propuesta también incluye la elaboración de herramientas de evaluación y certificación a cargo de entidades independientes con competencias técnicas. Además, se fomentará la colaboración entre universidades y administraciones públicas para diseñar un marco de competencias unificado y se promoverá la inclusión de expertos europeos en las iniciativas formativas.
Para asegurar la correcta ejecución del protocolo, se conformará un grupo de trabajo compuesto por personal cualificado designado por las instituciones firmantes. Este grupo se encargará de supervisar el avance de los proyectos y de detectar las mejores propuestas y herramientas para cumplir los objetivos establecidos.
Esta iniciativa, abierta a la adhesión de otras comunidades autónomas interesadas, contempla la formalización de convenios específicos que permitirán llevar a cabo programas concretos. El protocolo, que entra en vigor con su firma, tendrá una duración anual y podrá ser renovado, salvo que alguna de las partes decida retirarse.
Con este esfuerzo interinstitucional, tanto Castilla-La Mancha como Aragón dan un paso significativo hacia la mejora de la capacitación en el ámbito de la contratación pública, con el objetivo de transformar la gestión administrativa y elevar la eficacia de sus administraciones.
