Castilla-La Mancha diseña y pone en marcha medidas concretas en la lucha contra la despoblación teniendo en cuenta la diversidad de cada zona. Esto es posible gracias a la “zonificación” incluida en la Ley de medidas contra la Despoblación y que permite delimitar las zonas en riesgo de despoblación; en intensa despoblación; y extrema despoblación, teniendo en cuenta la realidad que vive cada una.
Así lo ha señalado el comisionado del Reto Demográfico en la región, Jesús Alique, durante su ponencia en el Master de Urbanismo ‘El problema de la despoblación y su afección a los cascos/núcleos urbanos de pequeños municipios’, de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Una intervención en la que Alique ha destacado que esa zonificación está permitiendo “dar respuesta a las necesidades de la población con medidas diferentes en función de las distintas realidades del territorio regional”. En concreto, se ha referido a la fiscalidad diferenciada para zonas afectadas por despoblación que varía dependiendo de la zona. “Algo similar ocurre con las ayudas para empresas y autónomos que van desde el 20 por ciento adicional hasta el 40 por ciento según el grado de despoblación con que esté catalogado el lugar donde están ubicadas”.
En este sentido, Alique ha recordado que ese trabajo de delimitar las zonas es lo que Castilla-La Mancha ha trasladado a la Comisión Europea para descender el ámbito provincial a la hora de marcar el mapa de ayudas al funcionamiento.
Un proyecto pionero para convertir edificios en desuso en viviendas de alquiler
Durante su alocución, el comisionado ha subrayado la “paradoja” que supone la falta de viviendas en los pueblos afectados por la pérdida demográfica donde “nos encontramos con inmuebles vacíos, la realidad es que hay un déficit de oferta de vivienda para aquellos que se quieren instalar en estos municipios”.
Para revertir esta situación, el Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page está desarrollando una iniciativa pionera para rehabilitar viviendas en desuso de titularidad municipal y su posterior puesta en alquiler, que va a contar con una inversión de un millón de euros y que beneficiará a un total de siete municipios, como son Alcalá del Júcar, Ballesteros de Calatrava, Cardenete, Almodóvar del Pinar, El Recuenco, Peñalén y Los Navalmorales permitiendo la rehabilitación de once viviendas.
Esto se suma, tal y como ha recordado, a la puesta en marcha de las deducciones fiscales por compra y rehabilitación de inmuebles en zonas despobladas que contempla la Ley de medidas contra la Despoblación, tanto en el IRPF como en el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Finalmente, Alique ha reiterado la petición al Gobierno de España la puesta en marcha de un plan nacional de vivienda específico para zonas despobladas.
