Trabajo por la inclusión laboral de personas con discapacidad en Castilla-La Mancha
Socuéllamos (Ciudad Real), 15 de diciembre de 2024
La directora general de Empleo, Elena García Zalve, y el delegado de Bienestar Social en la provincia de Ciudad Real, Eulalio Díaz-Cano, han puesto en valor el trabajo que desarrolla el Gobierno de Castilla-La Mancha con “la prioridad de mejorar día a día la calidad y la empleabilidad de las personas con discapacidad”.
En este sentido, García-Zalve se ha referido al compromiso de la Junta de Comunidades con la inserción laboral de este colectivo, al subrayar que “el 74 por ciento del presupuesto que destina el Estado a políticas de empleo en nuestra región tiene como destino la inserción de las personas con discapacidad”.
Por su parte, Díaz-Cano se ha referido al caso concreto de Socuéllamos, municipio ciudadrealeño al que el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page destina 1,2 millones de euros año a través de los diferentes programas de atención a personas con algún tipo de discapacidad.
Así lo han puesto de relieve ambos dirigentes en la XII Gala de la Discapacidad organizada por Afymos en el Auditorio Reina Sofía, una asociación sin ánimo de lucro que desarrolla una “labor muy importante” en Socuéllamos y con la que suma esfuerzos el Gobierno de Castilla-La Mancha para la atención diaria que se presta diariamente a más de 14.000 personas en la región a través de los cerca de 370 recursos especializados.
Si hablamos de la provincia de Ciudad Real, Díaz-Cano ha resaltado que “destinamos 20 millones de euros al año en los recursos de atención directa a 2.000 personas con discapacidad a través de los centros residenciales, centros ocupacionales, centros de día gravemente afectados y mayores de 55 años y servicio de capacitación en “una apuesta muy importante que continuará a lo largo de los próximos años”.
Por último, cabe recordar que los presupuestos para el nuevo año que comenzará en apenas 15 días, el Ejecutivo regional contempla una partida de 157 millones de euros para la atención a personas con discapacidad, lo que supone un incremento del 60 por ciento en una década, y dentro de ese importe total se incluyen 66 millones para la convocatoria de entidades sociales que trabajan en el ámbito de la discapacidad, es decir, 4,6 millones más que año anterior.