El Gobierno regional defiende un modelo de financiación autonómica que garantice la cobertura real de los servicios públicos a la ciudadanía

El Gobierno de Castilla-La Mancha aboga por un modelo de financiación autonómica que se ajuste al «coste real» de los servicios públicos, tomando en cuenta las particularidades de la región, como la superficie, dispersión, envejecimiento de la población y la renta per cápita. El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha destacado la necesidad de un nuevo modelo que garantice un reparto equitativo del dinero entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas.

Ruiz Molina también ha abogado por una ley de armonización fiscal que permita que «la ciudadanía pague sus impuestos en función de la capacidad económica y no en función de donde resida». Asimismo, ha reivindicado que el nuevo modelo asegure el principio de igualdad en la prestación de servicios públicos, independientemente de la capacidad económica de la autonomía en cuestión.

En relación a la reestructuración de la deuda, el consejero ha expresado su apoyo a la condonación de la deuda, y ha propuesto que un órgano independiente determine qué parte de la deuda es consecuencia de desajustes del modelo de financiación actual. A su vez, ha criticado la gestión del Partido Popular en materia de financiación, señalando que el Gobierno de García-Page ha pedido un nuevo modelo de financiación tanto a Rajoy como a Sánchez.

En relación a la votación del Partido Popular en contra de los objetivos de estabilidad en el Senado, Ruiz Molina ha criticado la incongruencia de la oposición al pedir una mayor capacidad de gasto para las comunidades autónomas, pero votar en contra de los objetivos de estabilidad.

Finalmente, el consejero ha coincidido con el informe de FEDEA que señala a Castilla-La Mancha como una de las cuatro comunidades más infrafinanciadas, y ha reivindicado la necesidad de un nuevo modelo con particularidades específicas para la región.

En resumen, el Gobierno de Castilla-La Mancha busca un modelo de financiación que refleje el «coste real» de los servicios públicos, garantice la igualdad en la prestación de servicios y considere las particularidades de la región.

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