El Gobierno de Castilla-La Mancha ha declarado la emergencia cinegética temporal para abordar los daños ocasionados por la sobrepoblación de conejos en los cultivos agrícolas de la región. Esta declaración fue anunciada el viernes a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y afecta a un total de 308 municipios distribuidos en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.
El viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, ha señalado que esta medida permitirá implementar diversas estrategias de control poblacional, que incluyen la caza con escopeta y la captura con hurón y redes. Sin embargo, estas acciones se llevarán a cabo en épocas específicas y bajo las condiciones previamente establecidas por la Administración.
La normativa autoriza el control de conejos en superficies agrícolas donde se haya evidenciado una alta densidad de la especie y daños significativos. Aunque los agricultores no necesitan solicitar permiso para actuar en estas áreas, sí deben informar a la Administración sobre la intervención y la ubicación exacta. Agentes medioambientales se encargarán de supervisar estas acciones para asegurar que se cumplan las normativas. Almodóvar también ha enfatizado la importancia de realizar el control de manera equilibrada y respetuosa con el medio ambiente para evitar perjudicar a otras especies silvestres y ecosistemas vulnerables.
Una de las novedades incluidas en esta medida es la posibilidad de comercializar los conejos capturados en las zonas afectadas por la emergencia cinegética temporal. Estos conejos deberán ser sacrificados de inmediato y entregados a establecimientos autorizados de manipulación de caza silvestre, cumpliendo con la normativa sanitaria vigente y con la documentación adecuada para garantizar la seguridad alimentaria.
Con esta estrategia, el Gobierno regional busca promover el uso responsable de los recursos cinegéticos y presentar una oportunidad comercial para el sector de la carne de caza en Castilla-La Mancha. Almodóvar ha asegurado que esta declaración refuerza el compromiso del Ejecutivo con la conservación del medio ambiente, al trabajar de la mano con agricultores y organizaciones agrarias y cinegéticas para lograr un equilibrio sostenible entre la fauna silvestre y la protección de los cultivos.
