El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una Orden que regula el Concierto Social para el servicio de acogimiento residencial de menores y la ejecución de medidas judiciales de convivencia, según ha informado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, en una reciente rueda de prensa. Esta iniciativa es un paso significativo en la implementación de la Ley del Tercer Sector en la región y busca mejorar la atención a los niños y adolescentes tutelados por la administración.
La aprobación del Concierto Social, que ha sido recibido con gran consenso por parte de las entidades del ámbito de la Infancia, se enmarca dentro de un compromiso de avance en la prestación de Servicios Sociales especializados. Con una inversión inicial de 106.740.432 euros, se financiarán un total de 532 plazas, organizadas según la tipología de los diferentes recursos disponibles. La consejera ha destacado que esta regulación no solo asegurará un servicio más estable y de calidad, sino que también otorgará seguridad a las entidades que colaboran en la gestión de estos hogares.
García Torijano ha explicado que el Concierto Social incluye dos tipos diferenciados de plazas: una mayoritaria, destinada al acogimiento residencial de menores, que contará con 524 plazas distribuidas entre 54 hogares de atención residencial, cuatro centros de primera acogida y un centro especializado; y ocho plazas para la ejecución de medidas judiciales de convivencia. Este sistema de concertación se orienta principalmente a organizaciones del Tercer Sector, aunque también podrán participar entidades mercantiles con ánimo de lucro, priorizando siempre a aquellas que ya colaboran con la administración.
El proceso para la presentación de solicitudes estará abierto durante diez días hábiles tras la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. García Torijano ha subrayado que el objetivo es garantizar que los derechos de los menores estén protegidos durante la transición de un régimen a otro, evitando cambios drásticos en la prestación de estos servicios.
La Orden comenzará a aplicarse el 1 de noviembre de 2024 en los Centros de Primera Acogida y Valoración, y el 1 de enero de 2025 en los restantes hogares y centros, con una duración inicial de cuatro años, prorrogable hasta un máximo de diez. Esta medida se presenta como un avance fundamental en el ámbito de la Infancia y representa un importante esfuerzo conjunto entre la administración y las organizaciones que trabajan en este sector.
